Las reformas constitucionales a la política y a la justicia no resuelven las dolencias. Los actuales procesos de aprendizaje tampoco contribuyen a la formación democrática. Ante la certeza de nuevos y crecientes escándalos de corrupción política y ante la campaña de desprestigio contra los jueces, un desmadre de los cauces institucionales ya no sólo es posible sino probable. La toma de conciencia sobre la crítica situación y un acuerdo de fidelidad al Estado constitucional y democrático de derecho por parte de todos los actores políticos, podrían impedir las consecuencias imprevisibles de una ruptura institucional.

Los signos del resquebrajamiento democrático se hacen visibles a todo nivel. Los temas sustantivos (acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados; justicia, verdad y reparación para las víctimas de la violencia, etc.), son reemplazados por las descalificaciones personales y las insinuaciones malintencionadas. La deliberación libre, basada en argumentos y razones objetivas, se ve minada por la violencia verbal contra ex mandatarios, jefes de la oposición, magistrados y periodistas. Acusaciones de complot van y vienen. Explicaciones de actividades subrepticias son exigidas válidamente por la Corte Suprema y el Procurador, mientras el Gobierno y sus apoyos políticos se defienden de las acusaciones por vínculos con el narco-para-militarismo. Como si fuera poco, a lo anterior se suma el acudir a la vía del plebiscito y del referendo para modificar las reglas del juego en la mitad de la partida.

La reforma política busca asegurar la irresponsabilidad política de los partidos y movimientos políticos y de sus integrantes involucrados en la parapolítica al promover la sanción de silla vacía pero a partir de 2010. Por su parte, la reforma judicial pretende favorecer a los congresistas investigados mediante la introducción de la doble instancia en el juzgamiento judicial. La mordaza a la democracia se asegura con la cooptación del poder económico, en especial de influyentes medios de televisión, mediante la concesión de beneficios y exenciones, así como el manejo de la pauta publicitaria oficial, que hacen dóciles a los directores de medios, salvo honrosas excepciones.

El ambiente de confrontación amenaza los presupuestos de la democracia. Ni las libertades públicas –en particular de pensamiento, opinión, expresión y prensa– ni la igualdad política están garantizadas a los ciudadanos. El intercambio libre de ideas no debería depender de la retórica oficial. El foro de la democracia exige de una comprensión profunda del efecto apaciguador de la estricta sujeción a la Constitución y a la ley por quienes detentan el poder político. Para asegurar la concordia política se requiere, más que un fementido respeto a las normas, una actitud y una disposición de los funcionarios públicos acordes con la dignidad del cargo público y con el estricto respeto a la Constitución y a la Ley.

Un pacto de fidelidad constitucional exige atenerse a los hechos probados y respetar las decisiones judiciales, sin cuestionar la persona de los jueces. Si se atacan los pilares del Estado democrático de derecho, la sujeción a la ley y la independencia judicial, se atenta contra la democracia, entendida como proceso equitativo de formación de la voluntad general. Sólo el irrestricto acatamiento de las reglas de juego garantiza una paz duradera. Lo positivo de la presente situación es que nos permite aprender que popularidad y democracia no son la misma cosa. Gracias al mal momento podemos, además, madurar nuestro entendimiento, valorar nuestra práctica política y mejorar la salud de nuestra democracia.