Uno de los temas centrales será la política de reducción del daño: se trata de que se desarrollen mecanismos para que éste no se asocie con infecciones como el sida y la hepatitis. Una de las medidas posibles es la provisión de agujas y jeringuillas, para que no se reutilicen las contaminadas. Dado lo costoso que resultan los tratamientos contra estas infecciones, los ahorros en gastos médicos podrían dedicarse a más educación y prevención. Esos fondos darían más empleo a trabajadores sociales, y menos a las policías e instituciones carcelarias. Sin duda el mundo sería mejor, habría menos delitos y menos represión. Dado que los consumidores que más resultan infectados tienden a pertenecer a las capas más pobres y ser poblaciones portadores de estigma social, la nueva política contribuiría a combatir el racismo, el clasismo y la xenofobia.

Lamentablemente, como lo señala el experto Francisco Thoumi (ver http://www.razonpublica.org.co/?p=1394) la delegación estadounidense, que hasta hoy ha vetado la nueva perspectiva, seguirá compuesta por los burócratas de la era Bush, quienes se enfrentarán a aquellos europeos que propugnan por la nueva política. Y también al presidente Obama, quien ha mostrado apertura a considerar el problema desde una perspectiva de salud pública. Se evitaría que en Estados Unidos se encarcele un millón y medio de personas al año por crímenes relacionados con drogas y se gasten 40 mil millones de dólares al año en la guerra antidrogas.

La nueva perspectiva está concebida fundamentalmente para las drogas inyectables. Sin embargo, una extensión de la propuesta a Colombia permitiría disminuir el daño que ocasiona el basuco, cuyos componentes incluyen sustancias mucho más nocivas que la base de cocaína que contiene, y que es consumido en condiciones verdaderamente antihigiénicas.

La delegación colombiana es la única de América Latina que apoya la posición de Estados Unidos. No es de extrañar, dada la posición del Presidente, quien insiste en que se penalice la dosis personal, así tenga que desconocer las posiciones de su Alto Comisionado para la Paz, quien publicó libros en los que criticó las políticas prohibicionistas. No le haría mal al país que el Alto Comisionado sometiera al Presidente a un análisis y curación de esas obsesiones.

Algunos expertos sostienen que Colombia no debería legalizar la droga por su cuenta porque se convertiría todavía más en un Estado paria y estaría sujeta a sanciones. Pero Colombia debe jugar un papel importante comenzando a darle un nuevo enfoque al debate. Debería aliarse con los europeos.

Entonces, así como no se trata de asumir unas posiciones radicales antiprohibicionistas, sí se puede esperar que al menos se mire el problema con alguna sensatez, y se le pida a la delegación colombiana en la Comisión que oiga sin prevenciones lo que los europeos tienen que decir.

Y entonces, cuando regresen, propongan una nueva política, y de paso eliminen una cantaleta publicitaria radial en la que se pone a unos niños a decir que en relación con la coca, la amapola y la marihuana, “la mata mata”: no solamente están induciendo a los niños a decir mentiras, sino que los están utilizando en una campaña que tiene visos de terrorismo. Consideren lo que pensarán los campesinos bolivianos y peruanos cuando se enteren de que los expertos colombianos en publicidad engañosa dicen que la mata de coca mata.