Jorge Iván Cuervo R. 26 Feb 2009 - 11:00 pm

Deterioro institucional por seguridad

Jorge Iván Cuervo R.

LA SOCIEDAD COLOMBIANA ESTÁ pagando un costo muy alto por el restablecimiento de la seguridad pública: el deterioro de las instituciones encargadas de adelantar dicha tarea.

Por: Jorge Iván Cuervo R.
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Las interceptaciones ilegales por parte del DAS a opositores políticos, periodistas, magistrados, y hasta funcionarios de la Casa de Nariño; los falsos positivos, las graves denuncias de abusos en la policía de Bogotá, son señales de una degradación de las formas institucionales como no se veía hace mucho tiempo en este país.

Si bien sólo las autoridades judiciales podrán establecer hasta qué tan alto llega la responsabilidad en todos estos hechos, es innegable que hay un clima y un discurso institucional que favorecen este tipo de conductas desviadas, una laxitud ética que anima al funcionario a creer que si hace este tipo de favores, su conducta será premiada, o al menos no castigada, y en el peor de los casos tiene como bono vender la información al crimen organizado o a particulares que la usan para la defensa de sus intereses.

El manejo de la crisis hace parte de un libreto conocido. El Gobierno aduce que no se trata de una política oficial, la responsabilidad se desvía hacia funcionarios de bajo nivel, y se cuenta con la impericia y falta de voluntad de la Fiscalía para esclarecer el asunto hasta las últimas consecuencias. De las primeras interceptaciones en tiempos de Noguera —cuando la famosa red mafiosa de la que habla el actual director se instaló—  y las de la Dirección de Inteligencia de la Policía, no se ha sabido nada, y el Fiscal ya anunció que se sabrá muy poco, porque los registros fueron borrados.  Ahora se suma un Procurador de la casa que tiene una oportunidad para demostrar su lealtad. Para rematar, se lanza una cortina de humo —el debate sobre la dosis mínima— y los medios afectos al Gobierno se encargan de terminar de echarle tierra al asunto con una sobredosis de banalidad y lambonería en la cosa política. Así, hemos vivido estos seis años de escándalo en escándalo sin que pase nada.

Es inevitable asociar este tipo de hechos con el último período de Fujimori, cuando un poder mafioso terminó controlando al gobierno y llevándolo a la ruina institucional. Si bien los peruanos le agradecen al chino haberlos librado del terrorismo de Sendero Luminoso, entendieron que pagaron un precio muy alto en términos de legitimidad institucional. La lección es que se hubiera podido obtener un resultado similar sin sacrificar la decencia.

Algo similar sucede en Colombia. El presidente Uribe tiene un mandato para derrotar a las Farc y un cheque en blanco para hacerlo. Quienes lo apoyan consideran que estos hechos desviados son el costo que hay que pagar para lograr dicho fin. El Gobierno encuentra una opinión complaciente para adelantar su tarea, y los críticos son descalificados como cómplices o idiotas útiles del terrorismo. Fórmula conocida y requeteprobada. La confianza institucional y la legitimidad se tratan como intangibles que no importan al ciudadano común: tonterías de analistas.

Cuando la seguridad se convierte en un fin en sí mismo, y la consecución de ese fin justifica la utilización de cualquier medio, estamos ante un grave problema de legitimidad de la política pública que compromete su sostenibilidad y su transformación en una política de Estado. Esto no se resuelve acabando el DAS, las cosas son más de fondo.

jorgeivancuervo@etb.net.co

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