Yo creo que no es difícil plantear cuáles deberán ser los temas de dichos consensos. Lo difícil será cómo y cuándo lograrlos. Si queremos llegar algún día a la liga de los países desarrollados, tenemos que lograr dos objetivos: incrementar significativamente el ingreso y distribuir mucho mejor los frutos de ese crecimiento. En términos más económicos, tenemos que incrementar muchísimo el PIB per cápita y reducir en forma drástica el coeficiente de Gini. Sólo creciendo a tasas altas y sostenidas podremos generar muchos empleos formales, bien remunerados y con pleno acceso a la seguridad social. Y, al crecer a tasas altas, el Estado tendrá los recursos para una política social muy agresiva dirigida hacia quien más la necesita.

Por supuesto, para crecer a tasas altas y sostenidas son necesarias varias políticas, pero tres son imprescindibles. Primero, necesitamos una estrategia de crecimiento basada en la innovación, la ciencia y la tecnología para generar mucho valor agregado y para poder convertir muchas de nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas. Segundo, necesitamos una política muy agresiva de infraestructura que, en diez años, cuando celebremos el segundo centenario de la Independencia, eleve a Colombia de los vergonzosos niveles actuales a los niveles que Chile ocupa hoy en día en América Latina. Tercero, bajo el principio de que “el campo pide paz y la otorga”, el sector agropecuario debe dejar de ser un obstáculo para el crecimiento y la modernización de la economía y de la política, para convertirse en un generador masivo de ingreso, empleo y conciliación.

Como crecientes recursos del Estado tendrán que dirigirse necesariamente a la seguridad social y a la reducción de la desigualdad y de la pobreza, la inversión en infraestructura tendrá que recaer sobre el sector privado, como ya sucedió y con mucho éxito en servicios públicos, telecomunicaciones y generación, transmisión y distribución de energía. No tiene sentido financiar con recursos del presupuesto cosas que las puede y quiere hacer el sector privado. La política social tendrá que dirigirse a lograr coberturas universales en salud, pensiones, riesgos profesionales, a completar el esfuerzo en cobertura y calidad de la educación y a eliminar la informalidad. Pero se requerirá un esfuerzo enorme para focalizar bien los recursos hacia los pobres y hacia quienes viven en la indigencia. En tanto que la última cifra de pobreza está en un 45%, Chile ya la redujo a un 13%. Aun con una economía creciendo a tasas altas y generando los recursos para financiar dichos programas sociales, esos objetivos no se lograrán con el aparato estatal que tenemos.

Pese a los avances en ciertas aéreas, el Estado colombiano deja mucho que desear en justicia, en estabilidad de las reglas de regulación y supervisión y en capacidad para estructurar proyectos. En particular, la gran revolución que necesita el Estado es la de la información pública. Para diseñar, planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas —y para facilitar la gestión de los organismos de control— el Estado necesita con urgencia información con tres características: en red, en tiempo real y de libre acceso a cualquier ciudadano. La buena noticia es que todos estos objetivos se pueden lograr, como ya lo han hecho varios países que fueron iguales a nosotros. Un obstáculo a vencer es el de los que desean polarizar el país y no quieren que hablemos de estos temas.