El liberalismo luchó durante todo el siglo XIX por el divorcio de la Iglesia y el Estado, como lo recordó el viernes Alfonso Gómez Méndez al inscribir su precandidatura a la Presidencia. Más aún, durante la Hegemonía Conservadora (1902-1930) al presidente de la República lo elegía el arzobispo de Bogotá. Hoy el matrimonio es más discreto y ha sido reemplazado por otro: la manguala entre civiles y militares, siempre en detrimento de los Derechos Humanos. Desde la supeditación de las fuerzas de seguridad colombianas al Pentágono en la Guerra Fría, los generales han adoptado diversos esquemas para crear poderes territoriales regionales: Zonas Rojas y Zonas de Orden Público, amparadas en diversos estatutos: de Seguridad (Turbay-Camacho Leyva), para la Defensa de la Democracia (Barco-Samudio Molina) y para la Defensa de la Justicia (Gaviria-Rafael Pardo). En todos los casos, para que los militares puedan estar a sus anchas en áreas de su conveniencia.

Ahora Uribe y los generales se han craneado una nueva figura, autorizada por la Directiva Presidencial 01, vigente entre el 20 de marzo pasado y el 7 de agosto de 2010, bautizada como “Salto Estratégico”. El objetivo declarado es consolidar la Seguridad Democrática para que los inversionistas hagan buenos negocios y la gente se coma callada ese plato de lentejas que le embute Acción Social, todo bajo el poderío castrense. La estrategia es “direccionada” por el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), una cúpula prácticamente de carácter militar, a la que pueden ser invitados algunos altos empleados oficiales. El tal Salto será impuesto de entrada en la serranía de la Macarena, el Caguán, el andén Pacífico, el Bajo Cauca, el sur del Tolima y el sur de Córdoba, y luego en el resto de zonas de colonización o de importancia minera y energética.

De hecho, ya comenzó en Montes de María, donde el comandante de la Fuerza Naval del Caribe dirige con su bastón de mando —o su espada— todos los programas civiles del Gobierno. En la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay varios megaproyectos en desarrollo, el Gobierno está convirtiendo el Resguardo Indígena en una corraleja “estratégica” para encerrar a Ikas, Kogis, Wiwas, Arzarios y Kankuamos. Y así seguirá el Gobierno imponiendo songo-sorongo las Zonas de Orden Público que la Corte Constitucional, cuando era un órgano auténtico de control, consideró contrarias a la Constitución. El Salto Estratégico se brinca el espíritu y el sentido del fallo, y al ampliar las funciones de los militares, aumenta su poder y, claro está, su presupuesto. No son los únicos beneficiados. También lo serán las grandes empresas transnacionales, los grandes ganaderos y los grandes proyectos ecoturísticos.

Más allá de lo militar, la Directiva Presidencial parece ser una palanca del Príncipe para preparar la continuidad del Uribato. Aunque por momentos me asalta la duda de que puede ser una de las perradas de Juan Manuel Santos para subordinar clientelas electorales a un mando represivo, y preparar por esa vía su campaña presidencial.

Por último, es lamentable y hasta vergonzoso que los programas sociales de Cooperación de la Unión Europea queden sometidos a criterios militares a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, organismo que es parte principal del Salto Estratégico. ¿Sera que la Unión Europea está pelando el cobre?