Por: Salomón Kalmanovitz

El impuesto de guerra

AL CONGRESO COLOMBIANO LE REpugna imponer tributos y cuando se ve forzado a hacerlo se escurre haciéndolos temporales. Eso hizo precisamente con el llamado impuesto de guerra que afecta sólo a patrimonios mayores de $5.000 millones.

Exoneraba de esta manera a la mayoría de los terratenientes del país que subvalúan sus propiedades descaradamente, evadiendo los gastos de la seguridad que tanto valorizaron sus patrimonios. Tal impuesto expira el año entrante y es claro que un conflicto que está lejos de acabarse no puede financiarse con impuestos temporales.

Mientras tanto, el Gobierno sustituía al Congreso en la devolución de una parte importante de los impuestos permanentes de manera discrecional, afectando nada menos que el financiamiento sostenible del presupuesto nacional y el de la seguridad misma. Se trata de una de las reformas tributarias más profundas en sus efectos de largo plazo sobre el desequilibrio fiscal y, más grave aún, sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. La razón es que todos los beneficios tributarios concedidos a unas grandes empresas por reinversión de utilidades, al declararlas zonas francas o por compra de equipos nuevos van atadas a garantías de “estabilidad jurídica” por 20 años.

El impuesto al patrimonio en Colombia es progresivo en el sentido extremo del término, pues afecta exclusivamente a los grandes contribuyentes y es urgente volverlo permanente y más grande por otra razón: el Plan Colombia está disminuyendo su componente militar, reflejo del rechazo de los demócratas de EE.UU. a las tendencias autoritarias del Presidente colombiano.

Aunque no simpatizo del todo con la propuesta de Luis Carlos Sarmiento de que la carga se distribuyera entre más hombros —-se trata de la defensa de su interés personal— sí tiene razón en considerar que los costos de la seguridad sean asumidos también por otros beneficiarios que tienen la obligación de contribuir al esfuerzo colectivo, si es que se aspira a un país donde se respeten los derechos de propiedad de todos y todos puedan prosperar.

No comparto el argumento de Juan Camilo Restrepo de que no deben aprobarse impuestos a los ricos en tiempos de crisis: en tales momentos sus ingresos se ahorran en su mayoría y no tienen campo de acción, mientras que el Gobierno los recauda y los gasta; si lo hace productivamente, contribuye a aumentar la actividad económica y la riqueza de la sociedad.

El impuesto al patrimonio podría ser progresivo y justo si incluye a las personas naturales y jurídicas, a partir de una base razonable, patrimonios de entre $200-500 millones con una tasa del 1x1.000, entre $500-1.000 el 2x1.000 y así hasta llegar a esfuerzos mayores para los que más riqueza poseen. Debe ir acompañado de actualizaciones del Catastro, en especial del rural, acercándolo a sus valores comerciales, para que los propietarios a los que se les han valorizado muchas veces sus tierras y negocios le devuelvan a la sociedad la plusvalía otorgada y paguen su parte alicuota para financiar un Estado más fuerte, lo que incluye un apertrechamiento adecuado de sus Fuerzas Armadas.

Sí hay que estar de acuerdo con el ex ministro Restrepo, en el sentido de que se deben eliminar todas las gabelas tributarias que fueron mal pensadas, otorgadas a discreción y extendidas irresponsablemente por demasiado tiempo.

* Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano.

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