Todo ello antes de reiniciarse las acciones subversivas y la batalla campal en Medellín, en algunos distritos de Cali y en las comunas del extremo sur bogotano, para no ir más lejos.

A este macabro paso superaremos de lejos las cerca de 16 mil víctimas que hubo entre mayo de 2008 y abril de este año, así como el promedio de un acto terrorista diario y un secuestro cada 48 horas.

Con razón y por tercer año consecutivo nuestro país clasificó como el más violento de Centro y Suramérica (sin incluir las cifras nauseabundas de falsos positivos y hedores de chuza-Das), y mantuvo el puesto 130 entre 144, del Índice Global de Paz, según estudio del Centro Vision of Humanity, avalado entre otros por el Dalai Lama, Jimmy Carter y Kofi Annan.

El estudio se realiza con 23 indicadores para mirar el estado del conflicto, militarización, relación con vecinos y respeto por los derechos humanos, así como los niveles de democracia, transparencia y calidad de vida.

Esos resultados, más allá de la indignidad, son alertas urgentes. Primero para el presidente Uribe, cuya política de seguridad democrática sale fuertemente cuestionada. Queda claro que es hora de revisar, más allá de la propaganda, el enfoque, así como la relación costo-beneficio de la espina dorsal de su gobierno.

Pero también cuestiona a los demás líderes políticos que han “comprado” o reencauchado la divisa de la seguridad democrática por sus réditos publicitarios o porque creen que es la única posible, no obstante sus resultados al cabo de siete años.

Ya sea por miedo a las encuestas, a la imagen mediática o a estrechez mental, el país se ha privado de un debate sobre los verdaderos logros de este gobierno en materia de seguridad, otro sobre su entronización como política de Estado, pero sobre todo de un escenario donde surjan planteamientos distintos que eviten esta creciente tragedia humanitaria y que nos permitan salir del lugar de parias donde estamos, merecidamente.

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