A pesar de que en Colombia —a diferencia de muchos países— su ejercicio no está reglamentado, en sí mismo no es ilegal. Pero es un buen ejemplo de lo frágiles que muchas veces son los límites entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, lo público y lo privado. Cuando se traspasan estos linderos, se configura lo que se conoce como captura del Estado, mediante la cual agentes privados “intervienen durante la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas, con el propósito básico de obtener beneficio económico para su propio provecho particular egoísta” (Garay, 2008) en detrimento del interés general.

Esto es lo que parece haber sucedido en las últimas semanas en el Congreso de la República durante el trámite de dos proyectos de ley. El primero, conocido como la Ley Antitabaco, en cuyo trámite trataron de incidir indebidamente representantes de una multinacional tabacalera para que no se aprobaran algunos artículos de la ley. Pero a diferencia de más de una veintena de ocasiones anteriores, cuando proyectos similares fueron archivados, esta vez el intento de captura del Congreso por parte de poderosos intereses particulares tropezó con las acusaciones de los parlamentarios y con las actuaciones y presiones decididas, estas sí legítimas, de congresistas y organismos defensores de la salud de los colombianos. El segundo proyecto, que busca reglamentar los servicios funerarios en el país, ha enfrentado a dos importantes sectores económicos —las compañías aseguradoras y los dueños de funerarias— que pretenden quedarse con el monopolio de una muy rentable actividad. En ambos casos en el centro de la disputa no están los intereses de la mayoría de los ciudadanos, sino la conveniencia y el lucro de unos pocos.

Esta forma de captura del Congreso colombiano por actores “legales” mediante prácticas “ilegales”, o por lo menos ilegítimas, es sólo una manifestación de un fenómeno más generalizado que busca convertir al Legislativo en un apéndice de intereses particulares o de otras instancias del Estado. La parapolítica es otra expresión —extrema pero no por ello extraña— de la intención de actores ilegales de llegar a los centros decisorios directamente, o a través de personas que puedan incidir en la formulación de leyes que les resulten beneficiosas. También puede ser una forma de captura del Legislativo la financiación de las campañas electorales de congresistas a cambio de que ellos influencien a los agentes nominadores para que sus amigos lleguen a determinados cargos, o para incidir en el otorgamiento de contratos y de concesiones.

Finalmente, las presiones ejercidas por funcionarios públicos para que los congresistas actúen de determinada manera es una variante del fenómeno, que podría llamarse captura del Estado por el propio Estado. El cohecho es un claro ejemplo de ello, así nos hagan creer que como en el caso de la yidispolítica éste no requiere de contraparte para configurarse.

* Directora Congreso Visible, Universidad de los Andes