En lenguaje presente: “poner en peligro la seguridad democrática”. Además, Colombia no es una dictadura, impera la ley y no existe, ni de peligro, un Estado genocida. Suena bien, a país decente.

¿Acaso fue hundida la ley por la “democracia de opinión”?  No. Fue pulverizada por la maquinaria uribista en el Congreso, gracias a una orden emanada del Palacio de Nariño, calificada como “sugerencia” por algunos medios escritos.
 
Nada nuevo, por supuesto. A pesar de las miles de evidencias que conducen a las altas esferas del poder, la guerra sucia no parece tener eminencias grises, sino apenas espontáneos cargaladrillos, que actúan  por oscuros móviles personales y no bajo estrictas órdenes superiores.  Incluso el relator para ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas,  supongo que por razones de índole diplomática y legal, afirma que “no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno”. Perfecto. Pero a renglón seguido aclara: “la explicación que prefieren muchos en el gobierno –que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por una cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente  insostenible”.
 
Es obvio que el señor Philip Alston, autor del informe preliminar sobre los “falsos positivos”, no pueda entrar a juzgar al Estado colombiano. Pero en su escrito deja regados en el camino varios indicios que sugieren una política deliberada: los crímenes han ocurrido en 13 departamentos, los más importantes y extensos, como Antioquia, Valle del Cauca, Vichada o Meta; una cantidad “importante” de militares ha estado involucrada en estos crímenes; a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, hay una gran distancia entre el discurso y la práctica; existen problemas de presupuesto y de personal en la unidad de derechos humanos de la Fiscalía; los jueces militares no obedecen a la Corte Constitucional para que transfieran casos de derechos humanos a la justicia ordinaria; la desmovilización de jefes paramilitares no ha implicado el desmantelamiento de su aparato militar y su estructura económica; se registra un “alarmante” nivel de impunidad para el enjuiciamiento de quienes planearon y ejecutaron las matanzas.
¿Si todas estas piezas no conforman una lógica del ejercicio del poder y una política estructurada desde  instancias superiores del Estado, sostenida desde hace por lo menos un cuarto de siglo, qué es entonces  lo que pasa en Colombia?

La estrategia de no llevar las responsabilidades institucionales hasta sus últimas consecuencias, por razones que siempre han tenido que ver con la guerra que se libra contra la subversión (ahora llamada “narcoterrorismo”), es una vieja conducta, como son  viejos también  los dispositivos que se han empleado no sólo para derrotar a la guerrilla, sino para acabar con su “periferia legal”, sus “compañeros de ruta”. Por eso, vale la pena insistir en que la “seguridad democrática” no tiene nada de novedosa, ni siquiera en sus resultados: Misael Pastrana derrotó en el terreno militar al ELN, Julio César Turbay tuvo a la cúpula del M-19 en la cárcel, Belisario Betancur acabó para siempre con la legitimidad política de la insurgencia, y ahora Alvaro Uribe golpea con contundencia a las Farc, después de estar buscando sin tregua su derrota militar por lo menos desde el gobierno de César Gaviria, mediante la combinación de todos los métodos legales e ilegales. Una larga e intensa tarea de casi cuatro lustros, que ahora arroja resultados por una acumulación de factores, internos y externos, que se minimizan de manera deliberada para fortalecer la imagen del caudillo salvador.
 
Seguimos, pues, en lo mismo. Con diferentes rostros y actitudes; con una ámbito internacional muy distinto al de otras épocas; con la globalización no sólo de la economía sino de la política; con reservas democráticas importantes…pero todo revuelto en esta matriz que no se logra romper y superar: una institucionalidad débil, limitada, que no puede abrir la puerta de al lado donde sospecha que deben estar, parapetados, los autores reales del exterminio que no termina.