El primer paradigma, que impulsó el mercantilismo y el colonialismo de los siglos pasados, era que la riqueza de una nación se basaba en los recursos naturales que disponía. La sinrazón de este paradigma ha sido ampliamente demostrada con el enriquecimiento de Estados que no disponen de ningún recurso natural como Singapur y Suiza; y el relativo empobrecimiento de muchos países con más que abundantes recursos naturales como Nigeria y Argentina. Hoy en día los expertos coinciden en que la solidez de las instituciones, es decir, el respeto por la ley, los derechos de propiedad y las reglas de juego estables son más importantes que el país cuente con petróleo o con bauxita.

El segundo paradigma que ha sido revaluado, paradigma que marcó las prioridades de los organismos bilaterales y multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, es que lo más importante en el desarrollo de un país es el acervo de capital físico que dispone: las fábricas, las edificaciones, las vías y la infraestructura. Sin restarle importancia al capital físico, incluyendo las inversiones financieras, los estudiosos del desarrollo hoy destacan que es el capital humano lo que verdaderamente importa. No existe un solo caso de un país que haya salido del subdesarrollo sin tener una población educada y con anhelos de superarse por medio del trabajo productivo y no burocrático.

Formar capital humano es tarea ardua y de generaciones. Lo que muchos países han hecho para acelerar la construcción de capital humano es tener una política de inmigración inteligente y visionaria. Colombia claramente no está dentro de estos países: las políticas de inmigración han sido y siguen siendo excluyentes, miopes y torpes. Yamid Amat, en el prólogo del libro Los árabes en Colombia, anota: “Las autoras (Vargas y Cruz) revelan, con irrefutables pruebas y testimonios, cómo Colombia jamás fue un país abierto a la inmigración: todo lo contrario, muestran cómo nuestro país cerró sus fronteras y limitó con tal vehemencia el ingreso de extranjeros a los que consideraba de ‘segunda clase’, que fijó un irrisorio número de visas que concedía para visitar el país”.

En Colombia se coloca todo tipo de talanqueras y dificultades a los inmigrantes: una visa de trabajo requiere meses, si no años; la residencia, lustros; la ciudadanía, si llega, décadas. A los extranjeros los sometemos a todo tipo de vejámenes burocráticos y los enloquecemos con una tramitología que haría sonrojar a Kafka. En términos comerciales y financieros, es el equivalente a poner escolleras en los puertos y restablecer draconianos controles de cambio e inversión extranjera.

De dar un vuelco a la arcaica política de inmigración, hoy se le presenta a Colombia una enorme oportunidad de atraer un importante acervo de capital humano: un número plural de profesionales, de académicos y de empresarios, principalmente de Venezuela, y en menor grado de Ecuador, de Bolivia y de Nicaragua, que buscan un mejor futuro que el que los Chávez, los Correa, los Evo y los Ortega les están dando. El promover e incentivar de manera activa esta inmigración sería una manera inteligente y poco costosa de aumentar el capital humano en Colombia, incremento que conlleva dos tipos de ventajas económicas y políticas: la primera es aprovechar el capital humano proveniente de los países vecinos; la segunda es que se está contribuyendo a la paulatina —pero inexorable— desarticulación de estas pseudodemocracias enemigas de Colombia, cuyos líderes no tienen ni la visión ni la inteligencia de captar que lo más difícil de construir en una nación es precisamente el capital humano.