Exceptuando el de Fujimori en Perú —que fue en realidad otra cosa— y el de Chávez en Venezuela —que fracasó—, el continente no había contemplado un evento semejante desde la segunda mitad de los 80. El precedente hondureño abre una puerta que hasta ayer muchos, con exceso de optimismo, creían clausurada para siempre.

En cierto sentido, es un ejemplo de manual de los efectos deletéreos que puede tener la hipertrofia del presidencialismo —y el juego del caudillo irreemplazable— sobre la democracia. En algún momento, Zelaya —el presidente depuesto— sintió que tenía que continuar su mandato. Los años que se le habían concedido no eran suficientes. Los pesos y contrapesos democráticos actuaron en contra de las pretensiones de reelección, y entonces Zelaya y los suyos decidieron que había que apelar al pueblo. Era menester, pues, saltar por encima de las instituciones para oír la voz incontaminada del pueblo. Me da la impresión de que en alguna parte he oído argumentos igualitos, pero no sé exactamente en dónde. Como fuere, la aventura de la reelección enemistó a Zelaya con el Congreso y las autoridades judiciales de su país. Eventualmente, también los militares y los empresarios (pues Zelaya había adquirido en el camino tics chavistas) se sumaron a la oposición. Fue en ese contexto que se cocinó el golpe.

La OEA ha intervenido con autoridad y energía contra la aventura. Insulza, que es chileno, ha de saber que estas cosas no son broma. Pero el asunto es lo suficientemente confuso, y difuso, como para esperar problemas en el inmediato futuro. Como lo recuerda el estudioso canadiense Pablo Policzer, en la Carta de la OEA se establecen duras sanciones para aquellos países en los que se produzca una “alteración inconstitucional del orden”. ¿Cómo saber si el golpe de Honduras fue constitucional o no? Zelaya se había enemistado irreparablemente con las altas cortes y con el Congreso. Más aún, como el propio Policzer muestra, una de las características del constitucionalismo latinoamericano es que, al darle a las fuerzas armadas el papel de garante de las instituciones —la expresión varía, pero el modelo básico se encuentra en muchos de nuestros países—, tácitamente abre la puerta (in extremis) a una intervención militar, y por tanto a una ruptura del orden democrático. Esto está directamente relacionado con los eventos ocurridos en las últimas dos décadas de participación en política del estamento militar —por discreta no menos contundente— en varios países, como cuando en Ecuador las fuerzas armadas decidían periódicamente “quitarle el apoyo” al mandatario de turno. Lo que sucedió en Honduras es distinto, empero, porque en este caso no dejaron de sostener al presidente, sino que le dieron un empujón. Si los militares de diversos países latinoamericanos hallaron en algunos diseños institucionales, y constitucionales, las ventanas de oportunidad para llevar a cabo intervenciones de alto impacto, sólo ahora pasan el Rubicón y se atreven a dar un golpe.

Entre más tiempo se mantengan los golpistas hondureños, mayor probabilidad tendrán de salirse con la suya.