Cada uno representa un costado del enfrentamiento ideológico que vive la sociedad colombiana, entre el pensamiento de la Constitución del 91 y el de la Constitución de 1886, y cuyo florero de Llorente es la reelección presidencial.

Como gestor fundamental de la Constitución del 91, Gaviria cree sinceramente que la salida a la violencia y criminalidad colombianas está en la modernización de la sociedad. Que esa modernización requiere reformas en todos los órdenes, y atribuye la crisis económica y de seguridad de finales de los años noventa, y el consecuente debilitamiento actual de la democracia, a que se hubiera frenado la dinámica reformista que se inició con la nueva Constitución. Gaviria cree que la salida del atraso pasa por desarrollar la Constitución, no por recortarla ni desvencijarla. Como ex secretario general de la OEA, conoce en profundidad el daño que ha producido en el continente la tendencia a preferir los espejismos personalistas y militares, a la construcción paciente y responsable de verdaderas democracias.

Por el contrario, Uribe considera necesario reducir los “excesos democráticos” de la Constitución del 91 para devolverle autoridad al presidente. Pareciera que entiende que su papel histórico es reeditar la Regeneración frente a los excesos de la Constitución de Rionegro. Como Rafael Núñez, Uribe abandonó el Partido Liberal, como Núñez ha alargado su presidencia para imponer un proyecto político de derecha, y como Núñez pretende implantar una hegemonía por medio de un sucesor y un partido político.

Esa diferencia profunda entre los dos mandatarios surge de diferencias ideológicas, Uribe es de derecha y Gaviria de centro, del perfil de estadista, Gaviria es reformista y Uribe continuista, y del tipo de liderazgo, Gaviria permitió la prohibición de la reelección presidencial y Uribe la idealiza.

Pero, ¿qué ha hecho que la visión retardataria de Uribe represente a las mayorías, y la progresista de Gaviria a las minorías? Quizá la interpretación generalizada de que la crisis de violencia de finales de los años noventa se debió a falta de autoridad, simbolizada por el Caguán, cuando en realidad fue resultado de una expansión exponencial de los cultivos de droga que financió el crecimiento acelerado de los grupos ilegales, desbordando el tamaño histórico del aparato militar del Estado. La realidad es que la crisis se superó con reformas modernizadoras de las Fuerzas Armadas —el Plan Colombia que Uribe heredó—, más que con el fortalecimiento de la autoridad presidencial que se ha conseguido a costa del equilibrio constitucional.

La pregunta entonces es ¿por qué Uribe no ha cambiado la Constitución del 91, como Núñez? Porque ha sido su gran beneficiario. Gracias a dos mecanismos de la Constitución, Uribe pudo llegar al poder y pretende doblegar a las instituciones: los instrumentos democráticos ingenuos utilizados por Álvaro Gómez y Antonio Navarro en la Constituyente para debilitar el bipartidismo, y la democracia participativa. Y porque, a diferencia de Núñez, Uribe cree que la percepción de debilidad institucional, especialmente en materia de autoridad, genera la necesidad de un líder fuerte.