Recuerdo una asamblea donde un dirigente de uno de los sindicatos enarboló su contrato para afirmar que debía dictar clases, mas no investigar ni compartir sus conocimientos con la comunidad académica. Con Jesús Antonio Bejarano decíamos que en las universidades anglosajonas la consigna era “publique o muera”, mientras que en la UN era “publique y muera”.

Iniciamos entonces una “lucha” por el reconocimiento de las publicaciones, pues ambos éramos muy prolíficos, y se nos ocurrió un incentivo positivo, que sería un aumento proporcional al esfuerzo por publicar que entrara al magro salario del profesor. Eso lo discutimos cuando Antanas Mockus era vicerrector académico y se implementó durante su rectoría hacia 1990. Dos años después fue recogido por el Ministerio de Educación en generoso decreto.

Hecho el decreto, saltó la trampa. Muchos profesores publicaron cualquier cosa, plagiaron, se inventaban revistas, las universidades emprendieron editoriales cuyo fin único fin era aumentarle el sueldo a los avivatos que proliferaron. Se llenaron bodegas de papel impreso, leído por muy pocos, evidencia del mezquino espíritu investigativo de sus profesores.

El Ministerio, alertado de los efectos ventajistas que surgían de la regulación, decidió endurecerla en 2002. Impuso entonces condiciones de evaluación, clasificación de las revistas según su calidad (indexación), comités editoriales, pares externos y tantos otros requisitos que terminó edificando un enorme monumento de trámites engorrosos. No importó: los ventajistas se volvieron duchos en birlar las exigencias, mientras los que poseían el espíritu inquisitivo y la paciencia del verdadero investigador renunciaban a cobrar los premios que ofrecía el sistema.

Pablo Arango, de la Universidad de Caldas, ha publicado en El Malpensante un incisivo ensayo donde evalúa el impacto que tuvo el decreto en el área de ciencias sociales y el panorama es espantoso, deprimente. Quizás en el área de economía el resultado no sea tan malo, pero cosas se ven...

Cuando pensé en la propuesta estaba imbuido del espíritu corporativo de la UN, de los profes que se consideran abusados todo el tiempo, que son el ombligo del mundo y que éste debe reconocerles todos sus esfuerzos, juzgados por ellos mismos. Consideré entonces que primero había que ofrecer incentivos positivos y quizás después complementarlos con exigencias y sanciones.

Hoy tengo una visión externa y, espero, más rigurosa. Hay exceso de politiquería en las universidades públicas, los profesores están demasiado empoderados, trabajan poco y se les paga más de lo que producen. Por ejemplo, no dictan en jornada nocturna ni cursos de vacaciones, desperdiciando buena parte de los recursos públicos.

No hay una buena razón para pagar por los resultados de las investigaciones de los profesores, cuya vocación y obligación es producir conocimiento nuevo, diseminar el existente o desarrollar las mejores prácticas pedagógicas por escrito. Si no cuentan con el espíritu inquisitivo y la voluntad de entrega, están en el lugar equivocado. Sería bueno demoler todo el aparataje de puntos y en su lugar establecer una medida tan sencilla como drástica: aquel profesor que tras siete años en la Universidad no haya producido una obra de alta calidad será despedido.

*Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.