Una posible explicación tiene que ver con la militarización que ha sufrido la política exterior, tanto en Estados Unidos como Colombia, como producto de la centralidad de la guerra contra el terrorismo. Las cifras son dicientes.  El presupuesto del Departamento de Defensa para este año supera por 14 veces al del Departamento de Estado y la AID juntos, sin incluir los miles de millones que se gastan mensualmente en Irak y Afganistán. Mientras que el secretario de Defensa, Robert Gates ha advertido sobre los riesgos de esta situación, Hillary Clinton ha prometido recuperar la centralidad de su cartera.

 En algunos temas prioritarios para el gobierno Obama, por ejemplo, Afganistán y Pakistán, se observan signos de cambio -- la reafirmación de los mecanismos y el lenguaje de la diplomacia, entre ellos -- que reflejan esta preocupación.  Pero frente a muchos otros que no son estratégicos, para los cuales la Casa Blanca no tiene todavía una posición definida y/o existen programas altamente institucionalizados, siguen operando las viejas políticas.  Es el caso de la relación con Colombia, cuyo componente militar es el más robusto.

Aunque el conflicto armado interno y la menor proyección mundial de Colombia hacen de este país un caso muy distinto, el hecho de que el presupuesto del Ministerio de Defensa sea unas 240 veces mayor al de Relaciones Exteriores ilustra el reducido peso del segundo. Si bien la Cancillería nunca ha sido el protagonista principal de la relación bilateral con Estados Unidos, la centralidad de la lucha militar contra las FARC y el narcotráfico en la estrategia internacional del Gobierno actual lo ha marginado aún más de los temas neurálgicos de la política exterior.  La contradicción entre ceder el uso de bases a Estados Unidos y pretender mejorar las relaciones con la vecindad (excepto Ecuador) se explica en parte por el papel creciente de los militares en los asuntos externos del país.

Sin embargo, el manejo personalista del aparato estatal que ha caracterizado a Uribe sugiere que otra razón de fondo se halla en la visión miope que tiene el propio Presidente acerca de la interacción del país con el mundo.

Una de las consecuencias más graves de una política exterior militarizada es la falta de debate público y de control civil sobre lo que hacen los militares.  Al tiempo que el gobierno colombiano ha pretendido realizar la negociación de las bases sin revisión legislativa ni rendición de cuentas ninguna, en Estados Unidos también es poco el control que ejerce el Congreso sobre este tema.  La crítica coyuntura por la que atraviesan las relaciones internacionales de Colombia sugiere no es un asunto de poca monta.