Avisé de este atentado a la Procuraduría y la Fiscalía sin que ninguna diera razón de mi queja. La versión, sin embargo, ha sido confirmada por hechos recientes.

Desde febrero cuando Semana divulgó la existencia del tenebroso Grupo G-3 del DAS, desde donde nos espiaban a todos, supe que he sido víctima de “chuzadas” y seguimientos, sin orden judicial. Tan sucio proceder sólo puede deberse al hecho de que estas columnas resultan incómodas al Gobierno y a la circunstancia de ser uno de los abogados del magistrado César Julio Valencia en la denuncia que por calumnia e injuria promovió Álvaro Uribe.

A la infame maniobra de aniquilarme moralmente se suma ahora la Procuraduría con el auxilio mediático de Jaime Lombana y Fernando Londoño; aquel, abogado de Uribe en el pleito contra Valencia Copete, y éste, el tristemente célebre “Héroe de Invercolsa”, ex ministro del régimen y vocero de un grupo de militares encausados por violaciones a los derechos humanos.

He aquí algunos de los intentos del Gobierno y la Procuraduría, por destruir mi buen nombre en los últimos meses:

A mediados de junio una persona me alertó de que el jefe del DAS, Felipe Muñoz, andaba entrevistándose con funcionarios de la entidad para establecer si en mis épocas de director se “chuzaba” o seguía ilegalmente. De esto también informé a las autoridades. Curiosamente, dos días después el vicepresidente Francisco Santos “recordó” de manera acomodaticia un novelón sobre supuestas “chuzadas” ilegales a la DEA, durante mi gestión.

Al aleve ataque respondí demostrando que Santos había “olvidado” que el autor de tales “chuzadas” resultó ser un miembro del Cartel de Cali, capturado por el general Serrano.

Unas semanas después, un conocido periodista me llamó para advertirme que la Procuraduría, por orden del procurador Ordóñez y del jefe del ministerio público, Gabriel Jaimes, intentaba filtrar a los medios la versión de que este columnista iba a ser vinculado a la investigación del asesinato de Álvaro Gómez, a partir de una tendenciosa lectura de la declaración de Fernando Botero desmentida rápidamente por Horacio Serpa, todo por el simple hecho de ser entonces director del DAS. También puse en conocimiento de los implicados y de directores de medios esta perversa intriga y así logré neutralizarla.

La intentona más reciente ha sido la de llevar a oídos de medios donde el abogado presidencial Lombana tiene audiencia otra calumnia. La insólita especie dice que, siendo director del DAS, me negué a capturar a Palomari, contador del Cartel de Cali, y que, investigado por ello en la Procuraduría, me absolvió mi propia hermana, entonces funcionaria de la entidad.

Se me informó que, desde su primer día como Procurador, Ordóñez preguntó por la dependencia en la que laboraba mi hermana, y se llevó enorme desilusión cuando fue informado que está jubilada tras una carrera honorable y eficaz. Mientras Álvaro Uribe figuraba en reportes de las agencias americanas como el narco número 82, mi hermana fue la única persona en Colombia que, como Procuradora en Cali, se enfrentó al Cartel de Cali e impidió que se ejecutara un fallo absolutorio a favor de Gilberto Rodríguez, que habría impedido su futura extradición.

No soy el primero ni el único en sufrir la guerra sucia del Gobierno, ni sé hasta dónde querrán llegar en ella sus áulicos. Pero les advierto que sólo matándome podrán silenciarme.

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Adenda. Primero “chuzados” y seguidos ilegalmente los magistrados de la Corte Suprema; ahora amenazados, mientras avanza la investigación por la compra y venta de notarías. Esa es la seguridad democrática.

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