Acompañado únicamente por su padre el ex presidente Misael Pastrana, en una lánguida rueda de prensa, narró las circunstancias en que había recibido lo que pasaría a la historia como los narcocasetes, prueba reina de las relaciones entre la campaña del recién elegido presidente Ernesto Samper y el cartel de Cali. Pudimos entonces los periodistas escuchar de viva voz el contenido de las grabaciones. Pastrana exigió ahí mismo la renuncia del presidente electo Samper, aún sin posesionar, si se demostraba que su campaña se había financiado con fondos del narcotráfico. La reacción mediática no fue la esperada. La anestesia en el ámbito político, social y gubernamental frente a la penetración del narcotráfico, a pesar de las señales inequívocas del tamaño de la amenaza que les había costado la vida a un ministro de Justicia, tres candidatos presidencial, alcaldes, concejales, policías y centenares de ciudadanos, empezaba a tener sus efectos letales en la sociedad colombiana.

Andrés Pastrana, derrotado e incomprendido, salió para su exilio voluntario y empezó el viacrucis de Ernesto Samper. El fiscal De Greiff desestimó los narcocasetes, pero con la llegada al cargo de Alfonso Valdivieso dos meses después, el escenario cambió, iniciándose el Proceso 8.000, tan afín a la parapolítica de hoy. Se oyó por primera vez, en boca de Joe Toft, director de la Dea en Colombia, referirse al país como una narcodemocracia. El gobierno de Bill Clinton descertificó a Colombia. El presidente Gaviria, quien había recibido los narcocasetes oportunamente y verificado la veracidad de su origen mafioso, antes de las elecciones, y quien tenía la obligación constitucional y la posibilidad de crear un hecho político que llegara hasta el aplazamiento de las elecciones, prefirió pasar de agache. De haber actuado con verticalidad y decisión en se momento, otro habría sido el rumbo del país.

Las 16 pacas de billetes de 20, que suman 24 millones de dólares, decomisadas en Buenaventura la semana pasada, una remesa de los carteles mexicanos a los hermanos Comba, los capos sucesores de alias Jabón, son un claro indicador de los chorros de dólares sangrientos que inundan la economía colombiana, gracias a sofisticadas máquinas de lavado de activos. De allí, en buena medida, la incontrolable devaluación del dólar y las medidas del Banco de la República que resultan inanes porque desconocen la existencia y el peso de la economía exportadora mafiosa.

Le ha llegado la hora a Colombia de aceptar, como lo están reconociendo grandes líderes del mundo, que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Que no resuelve sino que agrava el problema. Urge a escala mundial una estrategia que coloque el tema en el campo de la salud pública para buscar reducir los riesgos que su consumo ocasiona. Una estrategia integral, progresiva e internacional que comience con la despenalización del consumo de la marihuana para avanzar hacia la cocaína. Única manera de reducirle la gigantesca rentabilidad al negocio. Absurdo seguir enfrascado en moralismos frente a la dosis mínima y evadir afrontar el problema grueso que nos corroe: el narcotráfico que engendra la narcocultura y sustenta la parapolítica, hoy en el corazón de la vida del país.