La crisis mundial deja dos grandes dolientes. Los bancos centrales, que le dan prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, y las prácticas financieras orientadas a obtener grandes ganancias a costa de lesionar a los demás.

En Colombia, la afirmación tiene una clara ilustración en las cifras más recientes. La baja de la tasa de interés del Banco de la República, de 10 a 4,5% en lo corrido del año, ha coincidido con un desplome del crecimiento del crédito de 18 a 5%, lo que se agregará a la contracción de las exportaciones para prolongar la recesión y el desempleo.

El resultado constituye una nueva evidencia de la discordancia de la política de inflación objetivo del Banco de la República. El alza de la tasa de interés precipita la economía en recesión y luego la baja resulta inoperativa para reactivarla, revelando la carencia de medios para orientar la liquidez hacia los sectores dispuestos a recibirla. También deja al descubierto la falta de voluntad del sistema financiero para ampliar el acceso del crédito y su clara prioridad a los márgenes de intermediación. Por eso, en el momento de mayor declive de la actividad productiva y aumento del desempleo, el sector registra aumentos considerables de las utilidades.

Los gremios y el Gobierno se precian de no haber experimentado los quebrantos de los países desarrollados. Lo que no se dice es que la explicación se encuentra en la competencia. En los países desregulados, como Estados Unidos, las instituciones operan con bajos márgenes de intermediación y elevados apalancamientos que hacen que cualquier pérdida se trague el capital. En contraste, en Colombia, por la concentración y la falta de competencia, las instituciones disponen de elevados márgenes y capital para enfrentar las alteraciones del sistema económico.

La crisis mundial ha servido para mostrar y confirmar que el sector financiero está expuesto a todo tipo de anomalías y deficiencias que interfieren el funcionamiento regular del sistema. La excesiva competencia lleva a los agentes, ya sean directivos o intermediarios, a incurrir en excesivos riesgos para competir con las instituciones tradicionales y muchas veces a trasladarlos al público y al gobierno. Sus esfuerzos se orientan a conformar estructuras piramidales en donde el valor de los pasivos ajustados por el riesgo es mayor que los activos y prácticamente no disponen de capital. Tal fue el caso de las viviendas subprime, donde los bancos de inversión adquirían las hipotecas y luego las convertían en productos estructurados con valores muy superiores sin cumplir ningún requisito de capital.

En Colombia se da una situación opuesta. Los poderes monopólicos y las instituciones han llevado a elevar los márgenes y no asumir ningún riesgo. Los recursos se captan a bajas tasas de interés y sólo se prestan a elevadas tasas y a quienes ofrecen amplias garantías y seguridad de éxito. Así las cosas, el sector financiero opera como un freno a la actividad productiva y como un factor de deterioro de la distribución del ingreso.

No menos grave, los bajos rendimientos del ahorro han propiciado la proliferación de captadores ilegales de fondos, en donde los usuarios están totalmente desprotegidos. Como se observa a diario, estos sistemas ofrecen elevados rendimientos a costa de causar grandes pérdidas patrimoniales a una parte importante de los clientes.

Lo cierto es que la crisis mundial ha significado un llamado a alinear el capital y el lucro individual con el interés público, antes de que sea demasiado tarde. En la actualidad, Obama está empeñado en adelantar una reforma financiera orientada a reducir los apalancamientos, limitar las comisiones por el riesgo, condicionar las ventas de cartera y someter a una cuidadosa regulación los rendimientos de los productos estructurados y los derivativos.

Desde luego, Colombia tiene una estructura muy distinta y requiere otro tipo de actitud. Es indispensable la entrada de nuevos intermediarios que mejoren las condiciones de los ahorradores, abaraten el costo del crédito y orienten los recursos hacia la producción y el empleo. Para tal efecto, se plantea una reforma que dé cabida a los sectores solidarios y a la banca oficial dentro de un marco de severa regulación y vigilancia de los balances, y conmine al Banco de la República a limitar administrativamente los márgenes de intermediación y establecer topes mínimos de crédito para los sectores críticos.