Algunos sostienen que ambos actores están decididos a favor del Presidente, y que por lo tanto la reelección no tiene obstáculo. Pero la evidencia muestra lo contrario. Tanto la Corte como los Estados Unidos se han pronunciado en contra de las segundas reelecciones con argumentos de fondo, y no les va a quedar fácil encontrar razones jurídicas para contradecirse. Y son más las razones políticas que tienen para no facilitar la reelección, que las que tienen para hacerlo.

Políticamente, el referendo es letal para la Corte Constitucional. Aprobándolo dejaría satisfechas a las mayorías, pero sacrificaría buena parte de la respetabilidad que viene menguándosele precisamente por la percepción de que ha sido cooptada por el Gobierno.

Los magistrados saben que el título de parteros del referendo puede venir acompañado del de sepultureros de la Constitución, pues sólo la esclavitud es una institución más contraria a la Constitución del 91 que la perpetuación del gobernante, y al permitirla la Corte estaría terminando de desquiciar el funcionamiento de las instituciones y promoviendo las ambiciones hegemónicas del uribismo, lo que seguramente desembocaría en cambiar la Constitución.

Y saben también los magistrados que un modelo andino de Constitución como el que se adoptaría, o un simple regreso al esquema de la Constitución del 86, podría implicar la desaparición de la propia Corte, y quedar reducida a una Sala Constitucional anexa a la Corte Suprema. La mayoría de los magistrados son conscientes de que declarar exequible la ley de referendo es el mayor acto de cesión de su poder, y los más gobiernistas estarán reflexionando si no es más conveniente ganar el agradecimiento del próximo presidente, que limitarse a devolver el favor del actual.

Estados Unidos se encuentra en una encrucijada similar. Estará poniendo en la balanza los beneficios de apoyar la reelección de Uribe, versus los costos. Y no estará encontrando mayor beneficio, porque lo único que le faltó a la magistral estrategia reeleccionista del Presidente, fue que quien pudiera reemplazarlo fuera antiestadounidense o pro chavista. Mientras que los costos para Estados Unidos serían grandes, porque comprometería la credibilidad de su política de defensa de la democracia, pero sobre todo, lo dejaría sin política frente a Hugo Chávez, pues ésta se limita a condenar las deficiencias democráticas de Chávez.

El problema del Presidente no es que la administración Obama pueda tomar represalias por el vistoso rechazo de que fue objeto por parte de Uribe en la campaña presidencial, sino que el entrante subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Arturo Valenzuela, es uno de los mayores expertos del continente en materia de riesgos a la democracia, y sostiene cosas como estas: La segunda dimensión (de la democracia) es el constitucionalismo, o respeto al orden constitucional basado en documentos y prácticas, que contravienen el sentido estricto de gobierno de mayorías.