Aunque menos comentado que su condena implícita a la “carrera armamentista” en América Latina y el “ánimo de guerra” de Venezuela, en su discurso ante la ONU el presidente Uribe presentó su versión de la corresponsabilidad, consistente en mayor cooperación internacional contra el “narcoterrorismo” y la ilegalización del consumo de drogas. Una posición que va en contravía de las tendencias globales.

Argentina y México acaban de despenalizar la dosis personal; 13 estados en Estados Unidos han legalizado la marihuana para usos médicos; la mayoría en ese país (incluyendo el gobernador de California Arnold Schwarzenegger) opina que dicha sustancia debe regularse y tributarse como el alcohol y el tabaco; y la revista centrista The Economist ha concluido que la legalización de todas las drogas ilícitas es la alternativa menos mala para reemplazar la fallida estrategia de prohibición. Mientras tanto, Uribe se empecina en pontificar mundialmente sobre la necesidad de mantener y endurecer el statu quo.

Tampoco parece interesarle al Gobierno que su principal aliado esté reevaluando su propia estrategia. Por culpa de ella, la población carcelaria en Estados Unidos ha crecido 400% desde 1980 y sus cortes están atoradas con casos menores de posesión. Aunque la política antidrogas esté “momificada” dentro de la burocracia de Washington, el nombramiento de Gil Kerlikowske como nuevo zar antidrogas es sugestivo de un lento proceso de cambio. Como jefe de policía en Seattle innovó con distintos programas que enfatizaron el tratamiento en vez del castigo. Y ha dicho que el lenguaje belicoso que evoca “la guerra contra las drogas” impide resolver un problema que es más de salud pública que de seguridad. No menos diciente, su director adjunto, A. Thomas McLellan, ha sido pionero en la investigación sobre la adicción y la rehabilitación.

En lugar de empecinarse en un discurso moralista que no corresponde a la realidad ni entona con los debates actuales, Colombia debería invocar su autoridad “moral” sobre el tema de las drogas ilícitas —consistente en tanta sangre derramada en nombre de una lucha ilusa— para promover un diálogo. Como no lo hará el Gobierno actual, los otros candidatos presidenciales, así como la academia y la sociedad, tienen el deber de impulsarlo. Así, la cooperación de EE.UU. podría ser usada, en palabras del Zar Antidrogas, para promover un enfoque más balanceado, consistente en mecanismos distintos a la represión.

Lastimosamente, en contraste con el cauteloso optimismo que reina en Estados Unidos entre quienes han sido críticos de la “guerra contra las drogas”, el tono del presidente Uribe y su receta militar prohibicionista no ofrecen motivos sino para la resignación a “más de lo mismo” en Colombia.