A cambio de recibir esa ayuda económica no remunerable, los beneficiados se comprometían a destinar los recursos a las actividades para las que les habían sido entregados. Así nacieron las denominadas subvenciones, que con el tiempo han ido adquiriendo diversas modalidades y particularidades.

Cuando surgió la necesidad de crear grupos regionales que facilitaran el intercambio de bienes y servicios entre diversas naciones, las subvenciones adquirieron una gran importancia como mecanismo para nivelar los transitorios desequilibrios que podían existir entre los países que conformaban bloques como el de la Unión Europea.

En ese contexto comenzaron a ser evidentes comportamientos de personas que a través de engaños obtenían recursos estatales que por su condición económica no requerían, de quienes simulaban el cumplimiento de las condiciones exigidas para recibir esas ayudas oficiales, de algunos que fingían cumplir con las obligaciones que adquirían al recibir esos dineros y los de otros que se ponían de acuerdo con funcionarios públicos para que una adecuada redacción de las normas les facilitara cumplir los requisitos para ser beneficiarios de esos auxilios.

El hecho de que a través de esas maniobras se perdieran enormes cantidades de dinero, el peligro que ellas representaban para la consolidación de las relaciones económicas entre países agrupados en zonas de comercio compartidas, así como la necesidad de proteger las subvenciones como mecanismo de fomento industrial y comercial, encendieron las alarmas de la comunidad europea; resultaba especialmente preocupante que los códigos de entonces no incluyeran normas que permitieran tener como delitos autónomos los fraudes de subvenciones, de tal forma que ellos podían ser vistos como conductas socialmente reprobables pero no criminales. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX, países como Alemania, Francia, Italia y España ajustaron sus legislaciones internas mediante la creación de normas que en sus códigos penales elevaron a la categoría de delito esta clase de comportamientos.

Ahora que Colombia aspira a formar parte de mercados económicos bilaterales y multilaterales, convendría que prestara especial atención no sólo a las normas que permiten el otorgamiento de ayudas económicas del Estado a los particulares, sino a los controles que desde el punto de vista del derecho penal deben ejercerse para tener la certeza de que ese dinero será entregado sólo a quienes realmente lo necesitan, satisfacen las condiciones para recibirlo y cumplen con los compromisos adquiridos. Probablemente la creación de un delito de fraude a subvenciones no dé tantos votos como la implantación de la cadena perpetua, ni suene tan mesiánico como la penalización del consumo de drogas; pero con seguridad resultará de trascendental importancia para el desarrollo futuro de la economía nacional tanto a nivel interno como externo.