Los legisladores pensaron entonces, quizá de buena fe, que el IPC y el valor real de la educación son la misma cosa, pero no es así porque desde principios de los 90 la universidad pública ha venido enfrentando grandes retos y obligaciones: ha tenido que incrementar la planta de profesores con doctorado, duplicar la cobertura pública de pregrado, cuadruplicar la de posgrado, fortalecer la investigación, apoyar la creación artística y cultural, destinar partidas para los aportes patronales a la seguridad social, actualizar sus bibliotecas y adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que ha exigido compras constantes de licencias y equipos de cómputo y rediseño de redes.

En 2008 el Presidente aceptó los argumentos del SUE, alegó que el Estado no disponía de los recursos necesarios para 2009 y prometió reajustar el rubro universitario de 2010. Pero no fue así. En 2010 el aporte de la nación para funcionamiento sólo cubrirá gastos de personal y en 2011 ni siquiera eso. El minucioso estudio que le presentaron a Planeación Nacional en 2008 los gerentes y los vicerrectores financieros de las siete universidades públicas más grandes del país, fue ignorado sin ni siquiera una nota de explicación. Creo que el Gobierno debería tener con la educación al menos la misma generosidad que ha tenido con la industria, el transporte y la defensa. Y con ciertos agricultores... A propósito, ¿por qué no aplicar más riego y menos drenaje en la educación? ¿Por qué el SUE no le encarga el lobbying de sus proyectos en el Congreso al eficientísimo novio de Valerie Domínguez?

La universidad pública está al borde de correr la misma suerte de la educación pública básica y media, esas instituciones que conocieron la excelencia hace 40 años y que hoy naufragan viscosamente en el mar de babas de la mediocridad gracias a políticas estatales mezquinas y perversas pero, eso sí, sostenidas. Como bien advierte Moisés Wasserman, si no se corrige el rumbo ahora, “dentro de treinta años nos preguntaremos qué se hicieron las maravillosas universidades públicas de principios del siglo 21”.

So pena de decir obviedades, hay que recordar que todos los expertos en educación coinciden en destacar la importancia de la universidad pública para el desarrollo de la investigación científica; para la conservación de programas no comerciales, esos que la universidad privada no ofrece ni de fundas; para alcanzar los niveles de competitividad que la globalización exige, y para paliar las condiciones de iniquidad y agilizar la movilidad social de millones de jóvenes de los estratos más vulnerables (es decir, para nueve de cada diez jóvenes colombianos).

Aunque todo el mundo acepta que la exclusión social es el vector más agudo del subdesarrollo y la violencia, nuestros dirigentes, tan preocupados por la paz y por los índices sociales, se niegan a invertir de manera decidida en la educación pública. Tal vez les parece un proceso a largo plazo y ellos tienen ambiciones demasiado inmediatas.

¿Será ingenuo imaginar la creación de un Plan Colombia para la Educación? ¿Será muy ingenuo exigir que hagamos de la educación una política de Estado? ¿Será muy comunista poner en la salvación de la universidad la misma tenacidad que nos permitió destrozar la calidad de las escuelas y los colegios públicos?