En su modelo, las guerras civiles se prolongan porque los grupos políticos dominantes optan por mantener ejércitos débiles, incapaces de terminar el conflicto. Esto ocurre porque los civiles temen que los militares y sus aliados políticos victoriosos se fortalezcan demasiado y adquieran la capacidad de dar golpes de Estado e imponer sus condiciones al resto de la sociedad. Prefieren, entonces, que el Estado no tenga el monopolio de la violencia.

Las guerras civiles prolongadas, en este contexto, son parte del “equilibrio” político de algunos países cuyas instituciones son débiles (frente a los militares y sus aliados) y donde el conflicto militar no acarrea excesivos costos a la economía, en buena parte porque ocurre en sitios geográficamente aislados.

De este modelo se concluye que la terminación del conflicto puede crear un serio riesgo para las instituciones y la democracia. La concentración de recursos políticos y económicos en manos de las fuerzas militares y el respaldo político que requiere el esfuerzo militar pueden provocar cambios profundos en la estructura de las raquíticas instituciones civiles.

A pesar de su simplismo, este modelo provee una sugerente explicación de por qué Colombia, en las décadas que siguieron al gobierno de Rojas Pinilla, no tomó la determinación de derrotar a una guerrilla que por mucho tiempo no presentó una amenaza seria de tomarse el poder. Quienes suscribieron el acuerdo del Frente Nacional, temerosos de los generales que acababan de gobernar el país y que intentaron varios golpes en la década del sesenta, no habrían estado dispuestos a darles recursos y poder a los militares y a sus aliados civiles. La consecuencia, según los modelos de Acemoglu, habría sido la prolongada existencia de la guerrilla colombiana.

Esta situación se habría alterado dramáticamente a finales de los años noventa y comienzos de este siglo. Ante el gran avance de la guerrilla, estimulado por su vinculación al negocio de la cocaína, el despeje del Caguán y el debilitamiento del Ejecutivo (a raíz del proceso 8.000 y la crisis económica de fin del siglo XX), el país habría tomado, por fin, la decisión de enfrentar a la guerrilla. Las derrotas del ejército, las enormes cifras de secuestros y asesinatos ya estaban haciendo mella en la economía. Colombia parecía un país no viable. Ya no era posible tolerar el conflicto. Se aumentó el gasto militar y se fortalecieron los grupos paramilitares aliados del ejército. Finalmente, en 2002, se eligió a un gobierno cuyo mandato era destruir a la guerrilla.

Pero, como lo sugiere Acemoglu, todo esto no podía suceder sin que se produjeran profundas tensiones y presiones sobre las instituciones republicanas. El grupo político que reclama la victoria militar —la popularísima seguridad democrática— trata ahora de imponer sus reglas sobre el resto de la sociedad (esto, en realidad, no tiene nada de nuevo: hace siglos el trofeo de César, el triunfador en las Galias, fue la República Romana).