Aunque Álvaro Uribe se lanzó a la Presidencia como independiente, ganó la elección y ha gobernado desde el primer día con esa coalición y, por lo tanto, no enterró al bipartidismo, sólo lo reacomodó. El Presidente tuvo que reversar su política de fraccionar en pedazos el sistema político, que tenía la ventaja de esconder bajo una apariencia multipartidista las huellas del viejo bipartidismo, porque con la parapolítica los partidos pequeños perdieron la legitimidad, haciendo necesario cobijar a los sectores más degradados bajo el manto del Partido de la U. Ahora parece que el escenario partidista podría regresar a las coaliciones de centro izquierda y centro derecha alrededor de los partidos Conservador y Liberal.

La coalición uribista es producto de dos factores. Uno objetivo: la crisis de seguridad de cambio de siglo que generó una fuerte reacción pública a favor de soluciones de autoridad que tradicionalmente se asocian con la derecha; y uno subjetivo: el desplazamiento del liberalismo hacia la izquierda a finales de los noventa, que dejó libre más de la mitad del espectro político, y su incapacidad para aprovechar electoralmente el fracaso de la política de paz del gobierno conservador de Andrés Pastrana.

La coalición ha sido la retaguardia del fenómeno uribista, porque la vanguardia ha estado a cargo de una especie de caudillismo neopopulista. Aunque el propietario del apoyo popular es el Presidente, la coalición ha sido el sustento del proyecto político uribista porque ha permitido adoptar sus políticas y pasar las reformas constitucionales para autorizar la reelección. Gracias al apoyo de la coalición, Uribe ha podido desarticular porciones de la Constitución sin tener que subvertir el régimen político, conservando la legitimidad democrática.

La consulta interpartidista sería producto de dos factores: el agrietamiento de la coalición uribista a manos de Cambio Radical, que no comparte la decisión de avanzar hacia una etapa hegemónica; y la vocación natural del liberalismo de recomponer la tradicional ala de centro del Partido, para poder reasumir la condición de partido moderado con que había dominado la política contemporánea e impulsado el mayor esfuerzo de modernización de la segunda mitad del siglo XX, la Constitución del 91. La rebelión de Cambio Radical no se debe simplemente al interés electoral del jefe del partido, sino a que en la democracia representativa los fenómenos políticos se expresan a través de aspiraciones políticas personales.

Por eso la consulta interpartidista entre el Partido Liberal y Cambio Radical, y eventualmente el Partido Verde Opción Centro, es una reacción política natural de sectores moderados frente al intento del ala radical del uribismo de avanzar hacia un modelo de democracia andino para asegurar su permanencia en el poder. Sería un mecanismo de reconstrucción del centro político para combatir la polarización de los últimos siete años, entre extremos de derecha y de izquierda, cuya oferta política sería “seguridad con democracia” para reemplazar la seguridad democrática.