En el ínterin, las madres de esos jóvenes están siendo amenazadas de muerte, sometidas además a actos de violencia. En las dos últimas semanas una de ellas fue arrastrada por el pelo desde una moto sin placas, a otra le están llegando avisos de muerte y a una tercera le colgaron en la puerta del ranchito un cinturón militar con púas.

Todo esto empezó a ocurrir casualmente después de que el comandante de las FF.MM., general Freddy Padilla, les pusiera la cara por primera vez a mediados de septiembre. En esa reunión les manifestó que el presidente Uribe era solidario con ellas y llegó aun a insinuar que les podrían ayudar en el futuro con unos planes económicos productivos. ¡No creo ni lo uno ni lo otro!

No estoy acusando al general Padilla, pero más bien llamo su atención sobre lo que les pueda pasar a estas ciudadanas, que por no ser ricas ni influyentes no sólo viven en la miseria, sino que podrían ser víctimas de los mismos crímenes de los que fueron víctimas sus hijos.

No sé a ustedes, pero a mí me produce rabia e indignación que mientras muchas de esas madres deben a las funerarias millones de pesos, que tuvieron que pagar para traer los cadáveres de sus hijos desde los más recónditos rincones del país, el Gobierno se despacha miles de millones beneficiando a sus amigos y contribuyentes de la campaña presidencial a través del Ministerio de Agricultura. Recuerden que el Presidente salió a decir que los “muchachos de Soacha no estarían propiamente recogiendo café”, y en cambio salió presto a defender a los beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro. Por Dios, ¿qué clase de persona puede hacer y decir estas cosas sin ruborizarse?

Me pregunto en dónde están el Defensor del Pueblo y el Procurador para los DD.HH. Por supuesto que otros que han brillado por su ausencia son el alcalde de Soacha y el gobernador de Cundinamarca.

Como colombiano no me resigno a callar frente a estos hechos, porque frente a los crímenes de Soacha se deben producir en Colombia o por parte de la Corte Penal Internacional fallos ejemplares que deben llegar hasta las cabezas mismas del Estado: el Presidente, el entonces ministro de Defensa, doctor Santos, y los altos mandos militares.

Por ahora, claro está, en lo primero que debemos preocuparnos es en la seguridad de las madres, porque a ellas las quieren asesinar ante la mirada cómplice de un Estado que no sólo no protegió a sus hijos como lo ordena la Constitución Nacional, sino que los asesinó para que alguien cobrara unas recompensas. No puedo pensar en algo más monstruoso que eso.

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Notícula: Nuestra solidaridad con Claudia López, a quien censuran por decir la verdad. ¿Acaso la SIP que preside don Enrique Santos no tiene nada que decir?