El ex ministro Arias y su sucesor en el Ministerio de Agricultura, según este enfoque, no serían cínicos favorecedores de familias privilegiadas, sino visionarios estadistas preocupados por el bienestar futuro de los colombianos. Pero el empantanamiento del TLC con el triunfo demócrata en el país norteño ha eximido hasta ahora a los grandes productores agrícolas de competir con los norteamericanos, mientras la ley les otorga ventajas económicas aún más jugosas por la falta de esa competencia.

Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda y ex profesor de Arias, acusa el programa agrario por fallas conceptuales, abusos y falta de controles. Éste habría sido mal concebido, no habría demostrado efectos positivos sobre la producción agraria y habría empeorado la distribución del ingreso en los campos, con castigo a los más pobres y beneficio injustificado a los más ricos. En su respuesta, el ex ministro de Agricultura sólo acierta a descalificar a su contradictor como responsable de la “quiebra del campo” derivada de la apertura económica durante el gobierno Gaviria. Arias no responde a las fundadas críticas. Argumenta ad hominem cuando ataca a Hommes en su persona, sin desvirtuar sus afirmaciones. Comete el mismo error de los marxistas, quienes consideraban espuria la teoría de Ricardo por burgués, o de los racistas alemanes que lo descalificaban por ser judío.

El debate del AIS está mal planteado. Lo odioso de subvencionar a ricos y dejar quebrar a agricultores no competitivos no depende tanto del carácter privado o público de las unidades productivas ni necesariamente de su tamaño. Los favores selectivos del Estado a unos y no a otros, por lo general camuflados para simular el libre comercio, son consustanciales a la competencia entre bloques económicos. Conocidas son las subvenciones a sus productores por parte de las potencias mundiales. El programa estatal AIS sólo anticipa lo que necesitaban los fuertes competidores y se veía venir para los débiles productores, perdedores netos del TLC. Sin el acuerdo de libre comercio, los efectos inequitativos de la política agraria se hacen manifiestos. Algunos serán ganadores en la competencia económica, mientras otros serán perdedores compelidos a cambiar de empleo o actividad económica. La política agraria del Gobierno se funda en una ética calvinista favorable al esfuerzo propio y a la competencia, no en una ética de la conmiseración cristiana. Por eso resulta tan oprobiosa para la población colombiana y tan contradictoria con la profesada confesión católica de fe de sus gestores.

El programa agrario del gobierno Uribe, que promueve a los ricos y compensa con las dádivas clientelistas a los campesinos pobres, es coherente con un pensamiento ultraconservador, amigo de la arrogancia del capital, del autoritarismo, de las jerarquías, de la desigualdad y de la plutocracia. Otros programas que ilustran este pensamiento —la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural—, promovidos también por Arias, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Se neutralizaron así los efectos regresivos en materia de pluralismo cultural y protección al medio ambiente. Por fortuna, la existencia del control constitucional especializado impide el desconocimiento de las garantías democráticas y posibilita la protección de las minorías, sean políticas, étnicas o culturales.