La Procuraduría y las Fiscalía investigan. También la Corte. Y los jueces. Hay un montón de gente empapelada, militares, ex militares, congresistas, políticos. Todos, por hechos gruesos: masacres, ajusticiamientos, relaciones con grupos al margen de la ley. Corrupción.

Cuando nuestra diplomacia busca convencer a medio mundo de que en nuestra tierra el que la hace la paga, saca de la manga estadísticas, procesos abiertos, juicios y condenas (muy pocas, la verdad) contra criminales de diferentes procedencias, colores y talantes. Pero eso que, en apariencia, es cierto, le falta un ingrediente fundamental: responsables políticos.

El último escándalo que está en pleno desarrollo,  es la reapertura de una indagación preliminar en contra del Vicepresidente Francisco Santos por sus presuntos vínculos con los paramilitares.  Esto empata con las irregularidades cometidas en Agro Ingreso Seguro. La prensa ha molido, de día y de noche, con lujo de detalles y datos de primera mano,  un indignante hecho de venalidad, otro más en la larga lista. Los uribistas, en bloque, ya dijeron que no entregarán la cabeza del ministro de Agricultura, Andrés Fernandez. El presidente lo apoya sin fisuras.

Es apenas obvio: la moción de censura contra el alto funcionario, significaría obligarlo a que diera la cara ante el Congreso  y el país  por sus malas acciones. Imposible. No se van a pegar un tiro en el pie.  La bancada mayoritaria hará valer su poder. Por lo tanto, queda en evidencia, una vez más, el enorme defecto bifronte de nuestras estructuras: impunidad por una falla profunda en el sistema judicial y carencia de control político, porque no hay oposición efectiva . Es todavía una fuerza débil, diezmada, vulnerada por varios flancos.

Gracias a ciertos medios de comunicación, a investigaciones académicas y a denuncias de organizaciones o de individuos, se ha destapado gran parte de las ollas podridas de estos últimos años. Pero las buenas intenciones se estrellan con el hecho de que no hay consecuencias legales y políticas concretas, los protagonistas del desastre siguen ejerciendo el poder, opinando sin remordimientos de lo humano y lo divino,  defendiéndose entre ellos mismos. A veces me pregunto, un poco desesperado ante tanto cinismo, de qué han servido las revelaciones periodísticas, las demandas y los procesos judiciales, si eso no tiene efectos políticos tangibles, de castigo, de censura pública, a través del Parlamento.

Semejante atrofia es señal clara de una democracia de utilería. Todo pasa y nada cambia;  cualquier hecho, por grave que sea, no tiene más de una semana de vida;  la realidad es una colección de infamias cometidas por los mismos de siempre, libres de cualquier sanción social, incluso aplaudidos o, en el peor de los casos, exonerados de cualquier culpa.  Ni siquiera es dable pensar en que haya un castigo en las urnas, porque en los grandes centros urbanos, donde se concentra el poder político y económico, y vive como pez en el agua el voto de opinión, se experimenta la euforia de una posible reelección de Uribe. Eso que llaman “el unanimismo”.

En sus declaraciones,  Mancuso ha dicho que  todo el país está permeado por el narcotráfico,  que las autodefensas influyeron el voto popular  y ayudaron a elegir a cientos de  congresistas a lo largo y hondo el país.  Algo parecido podría sin duda suceder en las jornadas electorales que se avecinan, tanto con el referendo (si no lo tumba la Corte) como con los comicios presidenciales. ¿Habrá entonces la posibilidad de romper la entronización de la impunidad legal y política como forma de gobierno?

La impunidad y la carencia de control político se retroalimentan. Son como siamesas. Y, además, generan y son motor de la violencia. Mientras no logremos borrar esta gran mancha de nuestras instituciones, nuestro periodismo de combate, las grandilocuentes investigaciones de los entes de control, los escándalos semanales, los debates en el Congreso, no serán más que premios de consolación  producidos por una democracia sin dientes. Un espectáculo, en suma, en vivo y en directo, transmitido a toda la Nación, sin efectos políticos, porque no hay partidos organizados, ni un parlamento elegido por el pueblo soberano que  sancione a los gobernantes atrabiliarios y corruptos.