Toda política pública, sugería Keynes, es la esclava intelectual de algún economista difunto. La coincidencia de los 160 años de fundación del Partido Conservador Colombiano y el fallecimiento de Irving Kristol, me puso a pensar sobre el perfil del difunto del que nos tocó ser esclavos en Colombia. Concluí, primero, que el nuestro hizo una maestría en derecho. Segundo, que será de todo, menos un conservador moderno.

Nada que ver con el conservatismo que tipifica, por ejemplo, Kristol, una política pública y una mentalidad colectiva en las que resulta estupendo que el Estado produzca petróleo, genere, transmita y distribuya energía y gas, castigue la acumulación de capital y la generación de empleo formal, fije precios, salarios y tarifas, prohíba el uso de automóviles, disponga dónde se puede consumir tabaco, preste y vigile servicios como la intermediación financiera, la televisión y el transporte, irrespete el concepto de objeción religiosa, y al mismo tiempo obligue al resto de ciudadanos a subsidiar la educación superior, la vivienda, las pensiones y las cirugías estéticas de individuos que lo podrían hacer en grado importante, por cuenta propia. Y todo eso en un país que apenas genera unos US$5 mil per cápita al año.

Creo, a la luz de este tipo de hechos, que nuestro difunto ha sido exitoso en lograr la aceptación tácita de aquella fábula según la cual el progreso social se fundamenta en el texto escrito. El bienestar social, en esta fábula, emana sólo parcialmente de las fábricas, las fincas, y los puertos y en Colombia hay pobreza e inequidad, en parte muy sustancial, porque faltan leyes y sentencias que le impongan justicia social, desde arriba, al aparato productivo. En ausencia del texto escrito, el país sólo produciría riqueza. Con la ayuda del texto escrito, produce idéntica riqueza y le añade justicia social.

El difunto es, sin duda, un progresista. Un ser al que el vértigo de las transacciones, la gritería del mercado y el calor de la competencia le parecen habitantes indignos del mundo justo que nos espera, a la vuelta de unas cuantas sentencias más. El capitalismo en su conjunto es cosa de salvajes que se deben domar y de instituciones respecto de las cuales el progresista se siente superior de mil maneras.

La más notable obra de nuestro difunto es la Constitución de 1991, texto respetado en las comunidades intelectuales que, a lo largo y ancho del mundo civilizado, conciben la redistribución como el objetivo esencial de la política pública y ven en la constitucionalización de la vida cotidiana, al tenor de un activismo judicial comprometido, su instrumento por excelencia. Muchos de los magistrados que la desarrollaron se convirtieron en líderes del progresismo nacional, empeñados en ahondar, desde otros ámbitos, su labor jurisprudencial. Estamos, al fin y al cabo, entrando al “siglo de los jueces”.

La ausencia de una visión de derecha, si se quiere, capaz de controvertir con altura intelectual y respeto personal la narrativa progresista, es uno de los factores que explican por qué en Colombia se ha consolidado una política pública tan fuertemente amparada en la redistribución de la poca riqueza que hay, política por lo demás bastante inefectiva. Explica también por qué nuestro andamiaje institucional exhibe una antipatía, como pocas en el mundo, hacia la libertad económica y hacia el éxito empresarial.

Es cierto que en la controversia de las ideas y por ende en el favor y el voto del público, el difunto y sus fieles van ganando por goleada. Pero también es cierto, con casi 20 años de lecciones encima, que los colombianos tenemos razones de fondo para dudar que las bellas formas del progresismo impliquen los crudos hechos del progreso.

* Ex ministro de Hacienda