Este desbarajuste institucional que ocupa recurrentemente los grandes titulares opaca un escenario aún más oscuro: la situación de los miles de despachos judiciales que a lo largo y ancho de la geografía nacional tratan de aplicar justicia.

Es inaudito que desde el punto de vista de la informática la justicia en Colombia en muchos aspectos funcione aún como en el siglo diecinueve.

No se puede consultar desde internet, con seguridad y confiabilidad, un proceso o el vencimiento de un plazo para, por ejemplo, contestar una demanda o ejercer un recurso de reposición. Es imposible enviar vía correo electrónico un escrito a un despacho judicial de tal manera que tenga valor legal y exista certeza respecto de su remisión, recepción y autenticidad.

Toda esa precariedad obliga al innecesario desplazamiento de personas y al tráfico físico de documentos con inconmensurables costos económicos y sociales.

Es dramático el caso de los juzgados civiles del circuito de Bogotá. Allí, los jueces, funcionarios, abogados, testigos o simples usuarios se tienen que enfrentar a diario a la odisea de atravesar la carrera décima, siempre contaminada y amenazada por la delincuencia callejera. Para acceder al edificio se suele formar una fila de casi dos cuadras sobre un lodazal estrecho que termina en el embudo de unos lentos y vetustos ascensores.

Una vez en el interior del inmueble —inhumano y disfuncional— se despliegan los despachos sin ninguna lógica, abarrotados de millones de expedientes que, según se ha dicho, algún día echarán abajo el edificio.

Estudios muy serios demuestran que con los recursos actuales es imposible que la Rama Jurisdiccional en Colombia evacúe los procesos de todo tipo que la asedian. Mientras tanto, de ello se aprovechan los tramposos para incumplir sus obligaciones civiles, laborales y mercantiles, y los delincuentes para resbalarse por el fatal camino de la prescripción. No hay derecho.