Ese día venció la salvaguardia de siete años acordada en 2002 por Pastrana y Uribe, con la idea de darle una última posibilidad a la guerrilla para negociar, ya que supuestamente una vez entrara en plena vigencia la CPI, no serían posibles los acuerdos de paz.

La CPI se convirtió en un fantasma para la guerrilla y la paz. Pero lo cierto es que no es la guerrilla la que más le debe temer a la CPI ni es la CPI incompatible con la reconciliación.

La CPI es un instrumento subsidiario: sólo entra a operar cuando la justicia nacional no lo hace, por decisión o por incapacidad.

En el caso de la guerrilla colombiana, sus cabecillas no están en la cárcel, no porque el Estado no lo quiera, sino porque no los han cogido. Y aún así, los juzgan en ausencia. Para que entre la CPI en “acción” contra la guerrilla, el Estado tendría que declararse incapaz de aplicar su propia ley, un estado fallido, como lo han hecho el Congo, Uganda y República Centroafricana. No veo a Colombia en esas.

Más bien, son los agentes del Estado y sus aliados quienes corren los mayores riesgos de ser procesados por la CPI, ya que tienen la mayor probabilidad de quedar en la impunidad por decisión del mismo Estado.

Pero no es la CPI la que cierra cada vez más las posibilidades de un futuro proceso de paz con las guerrillas en los términos de los realizados a comienzos de los noventa, sino los cambios que ha tenido la propia justicia colombiana: la Ley Antisecuestro de 1993 estableció que el secuestro ya no es indultable ni amnistiable; el delito político fue recortado de manera sustancial por la Corte Constitucional en 1997; la Ley de Justicia y Paz de 2005, con todos sus problemas, estableció nuevos parámetros en relación con la verdad y los derechos de las víctimas.

Más allá de las limitaciones legales, lo que hoy constituye el principal obstáculo es que para la gente del común se ha borrado la frontera entre el delito político y la criminalidad. Las imágenes de Íngrid Betancourt encadenada en la selva le hicieron más daño al reconocimiento del estatus político de las Farc, aquí y en el mundo, que cualquier fallo de un tribunal.

No hay que exagerar los alcances de la nueva justicia internacional. La CPI aún está en pañales, aunque ya se puso en la tarea de juzgar al Jefe de Estado de Sudán. La única justicia con alcance verdadera mente extraterritorial es la de USA, y por lo tanto, la extradición es una amenaza mucho más real que la CPI. No obstante, no hay que olvidar que Colombia hace parte de los siete países bajo “observación oficial” de la CPI.

Un verdadero acuerdo de paz en Colombia, que logre de manera creíble el fin definitivo de la guerra, sobre la base de verdad, justicia y reparación, gozaría de una inmensa legitimidad a nivel internacional. La mejor manera para luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra es que se acabe la guerra.

La CPI no es una amenaza para la paz, sino un instrumento para luchar contra los horrores de la guerra. Bienvenida sea.

danielgarciapena@hotmail.com