El desempleo ha venido aumentando en forma sistemática. En la actualidad aparece con la tasa más alta de América Latina y de los países emergentes. Por lo demás, se ha generado un proceso de destrucción del empleo formal que afecta a los jefes de familia y a la avalancha de personas inactivas que buscan una ocupación.

Como lo han reconocido tardíamente la OIT y la OMC, el debilitamiento del mercado laboral se inició con la apertura comercial. El desmonte arancelario y la revaluación provocaron la sustitución de mano de obra por bienes de capital y bienes intermedios. El sector externo, que se justificó como una forma de aumentar el empleo, se convirtió en su verdugo. Las exportaciones cada vez están más representadas en importaciones y menos en valor agregado nacional. La inversión extranjera ha propiciado una burbuja revaluacionista que lleva a una dependencia en la minería, que genera poco empleo.

No menos destructiva ha sido la prioridad del Banco de la República a la inflación sobre cualquier otro objetivo. Tal como se notificó en la última sesión, en los momentos álgidos de desempleo al Banco no le tiembla la mano para subir la tasa de interés y reducir la liquidez. Y la política fiscal sólo se acuerda del empleo para justificar los subsidios y exenciones tributarias. Las dádivas al capital, acuerdos de estabilidad, zonas francas o Agro Ingreso Seguro se condicionan a la generación abstracta de empleo. En lugar de entregar la subvención a la generación de empleo, éste es la disculpa para abaratar el capital que contribuye a sustituirlo.

El balance es lamentable y se aprecia en forma magnificada entre 2004 y 2007, cuando el producto creció a ritmos asiáticos y el desempleo no varió. El resultado, que controvertía la Ley de Okun, doctrina sagrada de la economía neoclásica, llevó a los funcionarios y a los economistas neoliberales a culpar al DANE y presionar por cambios metodológicos. Ante la evidencia, la comisión designada por el Gobierno para revisar las cifras de empleo y pobreza reconoció que la nueva metodología (GEIH) es mejor a la anterior.

El drama es grande. La comparación de las cifras elaboradas con la misma metodología acabó de un tajo con el Plan 2019 de la actual administración. En el infortunado documento se establecen metas de desempleo de menos de 10% y de pobreza de 39% para 2010, y los datos más recientes señalan que estarán más cerca de 13 y 50%.

Una de las manifestaciones más graves está en el Eje Cafetero y en el sur del país. En varias ciudades, el desempleo supera el 20%, ante la pasividad oficial y la incompetencia de las políticas centralistas. En general, los proyectos faraónicos de infraestructura generan un empleo por cada $80 millones y los programas nacionales de vivienda de interés social y el apoyo a las pymes tienden a concentrarse en las grandes urbes.

En contraste, los programas selectivos de empleo, alrededor de la infraestructura, construcción de vivienda, subsidios condicionados a la asistencia escolar y apoyo a las pequeñas empresas, pueden generar un puesto por cada $10 millones y duplicar en un plazo corto el crecimiento del empleo.

En fin, el creciente desempleo e informalidad son consecuencia del modelo económico. La solución estructural requiere un nuevo modelo de banco central, organización comercial e industrial y política fiscal.

A corto plazo, el margen de maniobra está en la orientación del gasto fiscal para detener la naturaleza del desempleo regional que amenaza con exacerbar las desigualdades. La tarea podría realizarse ampliando las transferencias regionales y creando las condiciones institucionales para que los municipios adopten programas de empleo y los sometan a procesos de vigilancia y seguimiento. Su impacto en la ocupación y el crecimiento sería mayor que el de todos los subsidios creados a favor del capital.