Pliegos de condiciones a la medida de los amigos o malintencionadamente ambiguos. Plazos exiguos para proponer. Colombia no ha sido la excepción y pese a tantas buenas intenciones, aún no logramos llevar ese lastre de la corrupción en la contratación, ni siquiera “a sus justas proporciones”.

La semana pasada en Cartagena la Universidad de los Andes celebró un evento que reunió a un grupo de expertos con el fin de analizar lo sucedido en los dos últimos años con la regulación de la contratación administrativa. El panorama es más bien desolador. Si como lo dijo una distinguida expositora, la contratación administrativa es la forma como el Estado cumple sus fines, debemos advertir acerca de la precariedad del marco normativo aplicable para el efecto.

Hace dos años se expidió la Ley 1150 de 2007 para introducir medidas dirigidas a la eficacia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, actual Estatuto de Contratación Pública. El principal problema es que esa ley de 2007 en muchos aspectos trajo más confusión que claridad y ni siquiera se tomó el trabajo de derogar expresamente las normas de la Ley 80, que correspondía con el fin de facilitar su aplicación.

Así, la maraña normativa es bien grande y se ha empeorado aún más con los 19 decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, y de los cuales muchas de sus normas ni siquiera pueden aplicarse, pues se encuentran suspendidas por el Consejo de Estado debido a su manifiesta ilegalidad.

Ese caos regulatorio tuvo un efecto funesto en la inversión en infraestructura y en el gasto contracíclico, y llevó a que Invías estuviera seis meses sin poder contratar, según lo denunció en la misma oportunidad en Cartagena Juan Martín Caicedo, presidente del gremio de la infraestructura.

La inseguridad jurídica que padecemos en tantos campos normativos genera enormes costos económicos para el Estado y es fatal para la confianza inversionista.