14 Nov 2009 - 11:00 pm

Del magistrado Arturo Solarte

En la sección Alto Turmequé de la edición del pasado domingo 8 de noviembre, bajo el título “Los siete de la terna”, se indica que en la Corte Suprema de Justicia “se venía consolidando un bloque de apoyo al Gobierno”, que se habría enfrentado con sus colegas de la Sala Plena con ocasión de la elección del Fiscal General de la Nación, “bloque” que seguidamente se denomina como el “grupo prouribista” de la Institución, y en el que se incluye al suscrito magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por: Elespectador.com
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No existen en la Corte Suprema de Justicia “bloques” de apoyo o de contradictores del Gobierno Nacional.

 En el proceso que se ha adelantado en la Corte Suprema de Justicia para la elección del Fiscal General de la Nación se ha realizado un valioso proceso de reflexión sobre las calidades que debe tener dicho funcionario, el cual, como es obvio, ha dado lugar a que en el interior de la Sala Plena se expresen diversas opiniones respecto de las determinaciones que debe adoptar la Corporación al respecto.

Estando completamente de acuerdo en que el Fiscal General de la Nación no sólo debe cumplir los requisitos básicos establecidos en la Constitución Política, sino que, además, debe reunir diversas calidades en cuanto a su idoneidad, probidad e independencia, expresé en la Sala Plena mi opinión particular sobre cómo debería proceder la Corte en este proceso, la que responde a mi convicción sobre el tema y no a consideraciones de tipo político o partidista, a las que soy completamente ajeno.

Lo anteriormente manifestado es suficientemente explícito respecto de la carencia de fundamento de la información suministrada a la comunidad el día domingo 8 de noviembre.

 Arturo Solarte Rodríguez. Magistrado Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia. Bogotá.

 Parques nacionales y narcotráfico

Con enorme sorpresa leí en la edición del día 4 de noviembre de 2009 el titular “¿Los parques de la coca?”, en relación con actividades ilícitas que al parecer sucedieron en los parques Tayrona e Isla de Salamanca. Como comprenderán, semejante titular resulta sumamente lesivo para la titánica labor misional de nuestra institución, que es la de conservar el patrimonio natural de los colombianos. Y mucho más dañino, cuando lleva implícita la interpretación de que los parques nacionales naturales están tomados por los delincuentes.

Respecto al uso de los parques nacionales como corredores estratégicos para sacar la droga, vale distinguir entre tráfico y cultivos ilícitos. En cuanto al tráfico, la acción de los parques está sujeta a las operaciones que realizan las autoridades militares para combatirlo y salvaguardar la soberanía nacional.

Por el contrario, en cuanto a los cultivos ilícitos, la Unidad de Parques Nacionales, consciente de esta problemática, viene participando activamente desde el año 2003 con el programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI II), de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC), con el fin de monitorear esta situación y coordinar acciones tendientes a la erradicación manual con el apoyo de la Policía Antinarcóticos y el programa de Familias Guardabosques, en procura de alternativas sostenibles para las poblaciones involucradas.

De las 12’554.727 hectáreas que conforman parques nacionales, sólo 3.445 hectáreas tienen presencia de cultivos ilícitos. Como resultado de los programas de erradicación manual se ha presentado una disminución de los cultivos de coca en los parques nacionales, pasando de 6.057 hectáreas en el año 2001, a 3.445 hectáreas en el año 2008, lo que representa un 0,027% de hectáreas con cultivos ilícitos en todo el Sistema.

Finalmente, en relación con las áreas señaladas, cabe aclarar que desde 2004 en el Parque Nacional Natural Tayrona no se registra la presencia de esta clase de cultivos, mientras que en la Vía Parque Isla de Salamanca nunca se ha tenido presencia de los mismos.

Quiero agregar que contamos con el apoyo permanente de la Armada, el Ejército y la Policía Nacional para hacer frente a las numerosas amenazas que no sólo desde el narcotráfico, sino desde otras actividades ilegales, se ciernen sobre las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales.

 Julia Miranda Londoño. Directora General, Sistema de Parques Nacionales Naturales. Bogotá.

Elección del Fiscal

Diariamente acapara la atención lo concerniente a la elección del Fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se han tenido en cuenta dos posiciones antagónicas. La una, que la terna enviada por el Presidente llena los requisitos de ley, y la otra, según la misma Corte, que la terna es inviable.

Es indispensable ver en concordancia varios artículos de la Constitución y con ello descartar una posición simplista o unilateral, que genere un sesgo.

Consecuente con lo expuesto, es preciso acudir a los artículos 249, 232, 113 y 2 de la Constitución Nacional. Así, el artículo 249 expresa que el Fiscal General será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de terna enviada por el Presidente y debe reunir las mismas calidades exigidas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En tanto que el artículo 232 aborda los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos ser abogado y haber desempeñado durante diez años cargos en la rama judicial. A su turno, el artículo 113 contempla que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Siendo que el artículo segundo, al referirse a los fines del Estado, destaca la defensa de la independencia nacional.

Esta independencia es la clave para poder entender que el Fiscal General debe actuar con independencia de su nominador, esto es, del Presidente de la República. De tal manera que lo ordenado en el artículo 249 de la Carta Política es una condición necesaria, pero no suficiente para elegir Fiscal; se requiere, además de idoneidad, ponderación e independencia para tomar decisiones conforme a derecho y no para complacer intereses particulares de quienes lo nominaron y eligieron.

 Edgardo Salebe Morr. Barranquilla.

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