Ello no ha sido así porque el derecho ha mostrado su insuficiencia como instrumento regulatorio globalizador. Al igual que la política, se quedó atrás mientras la globalización arrasaba con todo. Mucha economía, poca política y cero de reflexión jurídica caracterizan estos tiempos.

Cuando proliferan más que nunca acuerdos, actores y demandas internacionales, el sistema legal global luce ineficaz, fragmentado y más desintegrado que nunca. Sus ámbitos de trabajo son tan refractarios que hoy el cuello de botella más grande de la próxima Cumbre climática de Copenhague es la imposibilidad de abordar los temas de comercio, inversión extranjera y medio ambiente como partes de una visión integral de desarrollo sostenible.

Los principios absolutos de soberanía y territorialidad y la lógica del Estado-Nación ceden el espacio a renuncias de soberanía, entes no estatales y jurisdicciones globales basadas en el multilateralismo y la naturaleza consensual de los acuerdos. Si el poder suave —soft power— es el nuevo signo de los tiempos, en materia jurídica también quedará atrás el derecho internacional fundado en hard power y en hard law. El compromiso, la cooperación y la armonización pesan más que las declaraciones guerreristas que levantan muros ideológicos cuando el comunismo lleva al menos dos décadas sepultado.

El padre de la Unión Europea, Jean Monnet, insistía en que “los problemas que afectan a la justicia deben ser resueltos por el derecho”. En la controversia hoy inútil del derecho civil contra el common law, es claro que el derecho que saca la cara hacia el futuro es un derecho judicial. Los poderes judiciales se han refundado, los jueces han dejado de ser la boca muerta de la ley como lo legó la Revolución Francesa y la función judicial tiene ahora más preeminencia que la función legislativa. En ello se equivocan quienes creen que es posible retrasar el reloj de la democracia para devolver a los jueces a la marginalidad del sistema, donde vegetaron por mucho tiempo.

Por ello no resulta paradójico que la pauta institucional futurista sea un modelo de justicia globalizada al amparo del Estatuto de Roma, la nueva Constitución Europea en el marco del Tratado de Lisboa o la práctica del arbitraje internacional, más allá de rígidas normas supranacionales. Y que la acción de la justicia tanto en Europa como en América Latina sea descalificada por política cuando lo que busca en buena parte de los casos es servir de contrapeso al ejercicio arbitrario del poder. Bien sostenía un jurista del s. XIX que era preferible tener malos legisladores pero buenos jueces y no buenos legisladores y malos jueces.

Es hora de repensar y reconfigurar el sistema legal global porque no puede seguirse gobernando al margen de un derecho remolcado por los hechos. Lo que va a diferenciarnos de nuestros vecinos antiglobalizadores es una apuesta a construir políticas, normas e instituciones para escenarios globales donde seguimos ausentes. Una razón más para creer que se necesita con urgencia un Ministerio de Justicia con esa vocación global. De otra manera, la globalidad se nos convertirá en una pesadilla.