Después siguieron el libreto cercanos subalternos suyos. Descollan por su fiereza contra la senadora el vicepresidente Santos, el ex ministro Santos, el consejero ad hoc José Obdulio Gaviria, el clon imperfecto Arias, el ex director del DAS Noguera y el director actual de esa moribunda entidad, Felipe Muñoz.

Córdoba reúne características “graves” en este país de cíclopes: es mujer inteligente, es negra, pertenece a una clase popular que reclama derechos desde el Capitolio y no desde el monte, el lugar donde sus enemigos preferirían verla; defiende derechos, le profesa lealtad a sus principios y no se alinea con el poder. En resumen, es una política incorrecta y —peor aún— una liberal peligrosa. Ojalá no sea por este sentimiento que el actual director de la agencia de seguridad, quien debería medir sus palabras respecto de un personaje que él tiene que proteger, se vino lanza en ristre contra la congresista. Muñoz se prodigó en descalificaciones a la Senadora por un incidente que provocaron tres de sus hombres cuando iban a ejecutar, con un procedimiento de dudosa legalidad, la captura de un presunto guerrillero que se encontraba en un foro en el que Córdoba participaba en Cali. Oyéndolo, uno podría concluir que aprendió la lección número uno: “Si se cuestiona un acto bajo su responsabilidad, no conteste. Acuse a otro de lo que sea y así distrae la atención”. Las preguntas que debe responder el director del DAS, en vez de echarle vainas a Piedad son las siguientes: 1.- ¿Por qué los agentes encargados de cumplir la orden judicial no portaban identificación visible? 2.- ¿Por qué no la exhibieron en el momento de la captura? 3.- ¿Por qué no le mostraron al detenido la orden del fiscal o del juez? 4.- ¿Por qué se transportaban en un taxi en vez de vehículo oficial?  5. ¿Por qué el taxi tenía placas de la Calera (Cund.) y no de Cali?

Hace rato que en Colombia se perdieron las formas jurídicas como si fuera potestativo de cada quien acatarlas o no. Sin embargo, mientras los que detentan el poder no se quiten la hoja de parra del autoritarismo, tienen que guardar las apariencias. Aquí un juez de garantías decreta la ilegalidad de la privación de la libertad, aún si existe orden judicial, si no se respetan todos los requisitos ¿Cómo no exigirlos en esta tierra donde las desapariciones y los secuestros son pan de cada día? Córdoba se habrá equivocado, como nos sucede a menudo a los seres humanos, pero ése no es un argumento que puedan dar quienes tienen la obligación de conservar su vida. “Los intereses a los que ella sirve”, como sostiene irresponsablemente el ex ministro Arias, sin ocuparse de decirnos cuáles son los que él defiende, no pueden seguir siendo el motivo para ayudar a ponerle la lápida. El DAS, la Policía y demás organismos que dependen de Presidencia deben cuidar a esta Senadora por más que la detesten. No se les olvide que si algo le pasa, la culpa recaerá sobre el Gobierno entero con Uribe a la cabeza. Así que más le vale callarse y rodearla, aunque más tarde les toque ir corriendo al baño a evacuar.