Así podrán ejercer control sobre sus actuaciones, hacerle seguimiento a su gestión, verificar el cumplimiento de sus promesas de campaña y el acatamiento a las directrices de sus partidos.

Que el voto sea nominal, significa que éste debe ser identificable con una persona en concreto, y no ser simplemente una cifra anónima que aumenta o disminuye el resultado de una votación. Es decir, que sea posible identificar quiénes votaron a favor o en contra de una ley, una ordenanza o un acuerdo. Y que sea público, implica que los ciudadanos tengan la posibilidad real y efectiva de conocer el resultado de la votación.

A casi seis meses de aprobada la reforma, el Congreso de la República, en especial la Cámara de Representantes, han hecho avances importantes en lo que al registro y publicidad del voto nominal se refiere. Lo contrario ocurre con la gran mayoría de los concejos y asambleas, que no informan sobre las votaciones de sus miembros, y con los partidos, que tampoco registran esta información.

Las normas no son suficientes para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, y en el caso que nos ocupa, a las votaciones de los congresistas. Se requiere de la voluntad política de los funcionarios del Estado y de los elegidos, pero también de la voluntad y de acciones por parte de la sociedad civil para hacer uso de los derechos y exigir su cumplimiento y para vencer la apatía y el desinterés por la política. Y más concretamente, para sancionar o premiar en las elecciones a quienes no hacen públicos sus votos, a quienes votan favoreciendo intereses particulares o a quienes lo hacen contrariando sus promesas electorales. Pero también de partidos y movimientos políticos comprometidos con un Estado más democrático y con prácticas políticas transparentes.

El voto nominal y público supone que las corporaciones públicas provean mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a una información clara, completa y veraz, de manera oportuna, mediante procedimientos sencillos y rápidos. No es un detalle menor que los ciudadanos puedan evaluar qué proponen y cómo votan sus representantes. Esta es una clara expresión de la rendición electoral de cuentas y puede ser una herramienta eficaz para identificar conflictos de intereses o favorecimientos indebidos.  Por ejemplo, es de gran utilidad conocer cómo votarán los congresistas proyectos que afectan a sus financiadores, como por ejemplo la reforma tributaria que se está discutiendo en este momento en el Congreso, o saber cómo votaron la Ley de Agro Ingreso Seguro. O poder cruzar la información sobre las votaciones del referendo con los resultados de contrataciones o licitaciones públicas. Los ciudadanos tienen que entender que no da lo mismo cómo y qué votan los congresistas, y éstos tienen que asumir frente a aquellos responsabilidades por las decisiones que toman en el ejercicio de su función.  Y poner la cara.