En vez de aprovechar la coyuntura favorable en los mercados internacionales, el Ministerio de Transporte puso todo tipo de obstáculos a la inversión extranjera en el sector, obstáculos que sólo hasta ahora se están desmontando por orden expresa del Gobierno.

—  Uno no se explica cómo durante siete años el Ministerio de Transporte privilegió las vías terciarias, en abierta contraposición con las grandes arterias de la competitividad. Para ejemplo, un botón: en el primer Consejo Comunal del presidente Uribe, el alto Gobierno se comprometió a hacer la doble calzada de Bogotá a Sogamoso, y hoy, siete años y medio más tarde, sólo el 40% de dicha autopista está terminado.

— Uno no se explica cómo se mantiene a los altos responsables en sus cargos después de escándalos tan sonados cómo aquel del Inco y del Runt. (En lo que lleva Gallego como Ministro de Transporte, el Inco ha tenido ocho directores diferentes, mientras que el Invías ha tenido siete). El mismo ministro Gallego anuncia que en el Runt habrá “tres meses más de vagamunderías”, como si siete largos años de “vagamunderías” no fueran suficientes.

—  Uno no se explica cómo se permite al adjudicatario de una licitación vender a un tercero esta licitación. Se asume que una licitación se adjudica a una firma porque cumple una serie de requisitos cualitativos y cuantitativos. Si es política del Ministerio de Transporte permitir que las concesiones pasen de mano en mano, cuando les venga en gana y sin revisar los requisitos nuevos dueños, ¿entonces para qué las licitaciones?

— Uno no se explica cómo el Gobierno sigue adjudicando contratos especializados a firmas que demuestran que no tienen la más mínima experiencia en el campo, pero contrario sensu sí tienen excelentes conexiones con la administración; y a empresas que tienen demandas millonarias del Estado contra ellas, y de ellas contra el Estado, firmas que una y otra vez han demostrado incapacidad para cumplir tanto con los plazos, como con otras cláusulas de los contratos.

— Uno no se explica por qué, a siete años largos de la administración de Andrés Uriel, una tractomula haga el recorrido de Bogotá a Buenaventura (la principal arteria para la competitividad del país) en 23 horas, cuando en 2002 lo hacía en 20 horas.

— Uno no se explica por qué los colombianos tenemos que pagar unos de los peajes más caros del mundo por transitar en carreteras de segundo y tercer nivel, casi en su totalidad de sólo dos carriles. Ningún país del mundo tiene las desfachatez de cobrar peajes abusivos en carreteras inferiores.

— Uno no se explica cómo, si hace seis años se terminó la adecuación del Ferrocarril del Pacífico, hoy sólo circula por esa vía férrea de vez en cuando un tren fantasma. Tampoco se explica cómo se mantiene la trocha angosta, donde el material rodante se dejó de fabricar en el mundo.

— Uno no se explica cómo, existiendo desde hace cerca de treinta años la tecnología de recolección automática de peajes, el Ministerio de Transporte pretenda que es una asombrosa novedad que se instalen cuatro peajes automáticos en Antioquia.

— Uno no se explica por qué el Ministerio de Transporte sigue sin acatar la ley 1239 que delegó en esa cartera la responsabilidad de acometer la debida regulación y señalización, entre otras, de los nuevos límites de velocidad en las carreteras nacionales. Las democracias requieren que los súbditos obedezcan a sus gobernantes, y que los gobernantes obedezcan las leyes. Desobedecer la ley, cómo alevosamente lo está haciendo el Ministerio de Transporte, más que un desacato injustificado, es una imbecilidad.