Gasto público, endeudamiento, medidas de emergencia y paquetes de estímulo para paliar la crisis han aumentado el tamaño del sector público. Habrá que ver si su efectividad está en alza y si lo ha hecho de la mano de instituciones fuertes y democráticas para controlar la predominancia del hiperpresidencialismo. La crisis nos atropelló en plena reparación de la maquinaria estatal.

Las consecuencias políticas de la crisis se han centrado más en la gobernabilidad global que en la gobernabilidad democrática que debe generar el Estado a través de la buena política y las buenas políticas. Se desperdicia así una oportunidad única para aprovechar la crisis y meterle el bisturí a la dimensión política, una vez más abandonada a la vera del camino. Pese a que se ha afirmado que éste era el momento clave del regreso de la política, del derecho y del Estado a los terrenos invadidos abusivamente por la economía.

De hecho los efectos electorales de la crisis o no se han reflejado aún en las urnas o lo han hecho de una manera contraria a la sabiduría convencional. En Europa, por ejemplo, se siguen preguntando por qué si el principal sospechoso de lo sucedido es el neoliberal Consenso de Washington, la cuenta de cobro en las elecciones se les pasa a los partidos social-demócratas. En nuestra región está por verse hacia qué lado se va a mover el péndulo en los múltiples procesos electorales de los próximos meses.

Según la Unidad de Inteligencia de The Economist, en 2010 habrá en el mundo 60 millones más de desempleados que en 2008, y según la OIT más de 200 millones de trabajadores se encuentran en riesgo de pasar a ganar menos de dos dólares diarios. Ello pone a 77 países en alto riesgo de combustión social en el corto plazo. Que eso se traduzca en inestabilidad política depende de varios factores, pero principalmente de la forma como el sistema político maneje el conflicto social. Según la revista, después del África subsahariana y Europa del Este, algunos países de América Latina tienen mayor peligro de experimentar intensa agitación social en 2010 porque las autocracias y las democracias menos consolidadas son el mayor factor de riesgo.

En América Latina bien se conoce la epidemia de aprovecharse de la obesidad del Estado para distorsionar el funcionamiento de la democracia por la vía autoritaria, de las instituciones por el clientelismo y de la vida económica y social por el populismo. Porque al pragmatismo de la manida frase de Deng Xiao Ping —qué importa el color del gato con tal que cace ratones—,  recogida por Obama cuando afirmó que no importa el tamaño del Estado sino que funcione, habría que añadirle la clave de la vigencia del Estado democrático de Derecho con su sistema de frenos y contrapesos, para neutralizar los abusos del gigante.

La gran reforma del Estado sigue pendiente y a pocos les preocupa. Una reforma de clara raigambre política que apunte hacia un Estado inteligente con mayor presencia en lo global y mayor eficacia y equidad en lo social, anclado más en instituciones democráticas fuertes que en nuevos napoleones frente al timón de lo público.