Hay crimen de Estado cuando desde la cúpula de un gobierno se ordena el aniquilamiento físico de alguien, por motivaciones políticas. Desde esa perspectiva me consta que ni Samper, ni Serpa, ni nadie en la cúspide del gobierno del que hice parte hasta enero de 1996, ordenó o tuvo que ver con ese asesinato.

Previa ambientación mediática, se conoce la declaración del narcotraficante alias Rasguño, incriminando a Samper y Serpa. Su historia no es consistente, pero es la que quieren oír quienes creen que solamente habrá justicia si son sometidos a prisión humillante, desprestigio social y hasta condenas injustas, el presidente y el ministro del Interior de entonces. Debió haber sido el siniestro procurador para asuntos penales, Gabriel Ramón Jaimes Durán, o el propio Alejandro Ordóñez, quienes deslizaron la declaración del narco a la emisora de sus afectos, porque ellos no quieren justicia sino espectáculo.

A juzgar por lo publicado de la declaración del narcotraficante, su dicho es el de un testigo de oídas, que refiere un asesinato supuestamente ejecutado por otro delincuente que ya está muerto, porque así se lo contaron otros dos bandidos que también murieron. A eso se agregan otras inconsistencias sobre nombres, fechas y lugares de supuestas reuniones.

Tan visceral es el encono de quienes quieren culpar a Samper y Serpa o a quien sea, que no les ha importado la falsa acusación de Rasguño contra Gómez, de estar montando un golpe de Estado, con militares y ricos bogotanos. ¿ No será que Gómez supo del golpe y pretendió advertir al Presidente, por lo que los complotados, temerosos de ser descubiertos, decidieron asesinarlo?

Hay más interrogantes. ¿Qué pasó con la investigación que en 1995 dio señales de dónde podría provenir el asesinato? ¿Por qué con el paso del tiempo se desvaneció la pista de la intervención de militares? ¿Por qué Rasguño ahora exoneró a los militares y culpó también a la Policía? ¿Quién amenazó al fiscal Germán Marroquín, forzado a abandonar el país justo cuando su trabajo arrojaba frutos seguros? ¿Quién quiere torcer la investigación? ¿Por qué al parecer desaparecieron pruebas del expediente?

Ya se ve clara la consecuencia del irresponsable acto del ex fiscal Valdivieso, cuando sin haber ordenado siquiera una indagación preliminar, descartó, por sí y ante sí, que el atentado del 27 de septiembre de 1995 contra Antonio Cancino, abogado de Samper, fuese parte de la conspiración que el Gobierno denunció. Si la justicia no se hubiese despojado de la venda de la diosa Temis, la tenebrosa conjura no habría avanzado al extremo de asesinar a Gómez, pues sus asesinos fueron los mismos que atacaron a Cancino.

María Isabel Rueda proclamó al Absolvedor Ordóñez Maldonado como su personaje del año, porque “parece que la autoría del asesinato de Álvaro Gómez la tiene de un cacho”. Si el tal “cacho” —que no supimos de qué era— consiste en que el Procurador haga justicia goda y a dedo, estamos lejos de la verdad que exigimos todos.

 El 12 de octubre de 1957, siendo muy niño, también unos criminales asesinaron a un joven abogado de 31 años, mi padre. Crecí y he vivido con la incertidumbre de no saber quién lo asesinó, ni por qué. Espero que los hijos del doctor Gómez Hurtado sí sepan quién mató a su papá y por qué. Eso lo logrará la justicia sólo si se compromete con la independencia y la verdad, no con los odios políticos a los que pretenden arrastrarla algunos insensatos.

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Adenda. ¿Quiénes están financiando ciertas campañas de candidatos vallecaucanos al Congreso? ¿Narcobilletes?

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