Por: Eduardo Sarmiento

¿Subsidio para el empleo?

Para corregir el elevado índice de desocupación, se debe eliminar las subvenciones a la inversión y subir los aranceles a los bienes de capital.

Los gestores de la política económica de los últimos veinte años dieron por hecho que la flexibilización laboral, la apertura comercial y la privatización de la administración de los servicios sociales reducirían el desempleo, aumentaría la ocupación formal, al igual que la participación del régimen contributivo con respecto al subsidiado y el acceso a la cobertura pensional. El modelo no logró ninguno de los propósitos buscados. El desempleo es uno de los más altos de América Latina, la informalidad subió, el régimen subsidiado es tres veces mayor que el distributivo y colapsó; no obstante la triplicación de las cotizaciones de la seguridad social, la cobertura pensional no pasa de 25%.

Los defensores del modelo han salido a culpar al sofá, diciendo que la informalidad es el resultado de los sobrecargos fiscales del seguro en salud y de las contribuciones parafiscales. Fedesarrollo y ANIF sugieren desmontar los sobrecostos y sustituirlos por otros gravámenes. Otro grupo influyente, impulsado por el Banco Mundial, plantea compensarlos con un subsidio al incremento del empleo en cinco años, que se materializaría en la forma de una exención tributaria de las empresas. En el fondo, el problema se reduce a profundizar la flexibilización del mercado laboral y la solución es de la misma familia del recorte de horas extras y dominicales y Agro Ingreso Seguro.

La eficacia y conveniencia de los subsidios es tanto mayor cuanto más orientados los sectores que se busca favorecer. ¿Qué sentido tiene darles a los empresarios subsidios sobre un empleo que ya generaron y que es indispensable para sus operaciones normales? A la luz del bienestar general, es preferible trasladarlos a los desempleados, que son los principales dolientes. Asimismo, el cálculo de los sobrecargos salariales tiende a exagerarse. Como ocurre con los subsidios y los impuestos, los sobrecargos laborales de 30% en términos de las tarifas de la seguridad social y los parafiscales ya se trasladaron en forma de menores salarios y mayores precios. La parte que recae en los costos de las empresas no es más del 15%.

El subsidio al empleo está inspirado en el falso diagnóstico de que el desempleo es el resultado de elevados costos laborales que han desplazado masivamente el trabajo. El estímulo a la sustitución de mano de obra por capital no está en el sobrecargo laboral efectivo, sino en la baja arancelaria de 35%, la revaluación del tipo de cambio y la exención tributaria de 40% de la inversión. La forma adecuada de corregir la distorsión no es con un subsidio a nombre del empleo entregado a las empresas. Lo que hay que hacer es eliminar el subsidio a la inversión, subir los aranceles de los bienes de capital y destinar los mayores recursos a conformar un fondo de desempleo.

La verdad es que las causas del desempleo y la informalidad han estado en el deterioro de la demanda que resulta de la política monetaria, que le da prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, la estructura industrial de baja complejidad tecnológica y la debilidad del mercado interno; y de otro lado, en la sustitución masiva de la producción doméstica y el empleo ocasionado por la apertura comercial y la revaluación. En este contexto, el aumento de la productividad de las empresas formales no da lugar a la ampliación de la demanda que la sostenga. La mano de obra liberada queda desempleada o se desplaza a la informalidad con menores salarios.

Mal podría imaginarse que esta tendencia se corrija profundizando la flexibilización laboral. Lo que se requiere es adoptar una política macroeconómica que dé prioridad a la producción y al empleo, cambiar la estructura industrial, fortalecer el mercado interno y frenar la automatización y los recortes de nómina crecientes de las empresas formales.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Eduardo Sarmiento