Los “sustancialistas-oportunistas” apelan a la voluntad popular. Argumentan que lo que importa en una democracia es que el pueblo decida. Es una frase de cajón. Pero a lo que lleva esa profunda “tesis” es a sostener que no importa que se  superen los topes o que las mayorías  aprueben con atarvanería una ley saltándose los procedimientos, con tal de que se  cumpla un fin hábilmente acomodado como equivalente a la voluntad popular pero que, en el fondo, es un abuso de poder.

Como en el llamado “Estado de opinión”, la argumentación jurídica se vuelve, a su turno, un medio para lograr el fin. Por fortuna en el caso del referendo, el magistrado ponente no cayó en la trampa y se centró en aspectos procedimentales.

Pero si triunfan los estados de alma del Presidente (ahora de telefonista de call center de salud) y las tesis sustancialistas, habrá referendo. El paso siguiente será acomodar fechas a esa “sustancia” mediante un decreto del Ejecutivo, en clara violación de la ley electoral y de la Jurisprudencia de la Corte.

Hay un aspecto más preocupante: si la Corte Constitucional tumba el referendo, la estrategia sustancialista tendrá una ventaja: todo lo malo que suceda en el país se le va a achacar a la Corte por no haber atendido la “voluntad popular” y no haber permitido reelegir a Uribe. Y la misma estrategia se aplicará a la emergencia social: si la Corte tumba la emergencia, será “culpable” de la crisis del sistema de seguridad social.

Conclusión: cuando un régimen no se rige por la ética, cuando las reglas de juego no se respetan, el Presidente (en descarada campaña mediática) y sus peones en los otros poderes pueden tener la sartén por el mango.

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