Vendrán espíritus enardecidos contra lo que decida en los próximos días y pondrán en tela de juicio la propia existencia de la institución socialmente más relevante de la Constitución del 91.

El inminente fallo de la Corte se ha convertido en objeto de apuestas, especulación y rumores de toda índole. Desde orillas opuestas se insinúa un plan B para hacerle el esguince a la decisión, cualquiera que sea. Constituyente, régimen parlamentario y otras propuestas inoportunas caen como espadas de Damocles sobre la Corte. La autoridad, legitimidad y casi la supervivencia de la Corte y de paso de la Constitución se ponen en juego.

Los embates tradicionales contra la Carta venían de sectores armados de argumentos economicistas al extremo de hablar de extralimitación de poderes por la Corte. Ahora se unen quienes tachan de ilegítimo su origen pero no dudan en acudir a su contenido para defender con oportunismo sus posiciones. Olvidan que la séptima papeleta no fue una vez, sino tres veces a las urnas generando además el consenso político constitucional más relevante del último siglo. Un proceso cuya legitimidad solo se cuestiona por quienes sienten que las costuras dolorosas del Estado de Derecho aprietan más de la cuenta.

Kelsen decía que una democracia sin control no puede durar. El manoseado caballo de batalla del “gobierno de los jueces” ignora que las jurisdicciones constitucionales fueron creadas precisamente como un contrapoder ajeno a las veleidades de lo que diga la mayoría. Una mayoría que como lo indican las encuestas hoy puede servir a la causa de tirios o de troyanos. Olvidan también que una norma no es constitucional o inconstitucional porque cuente con un alto grado de apoyo o rechazo en la opinión.

El mejor homenaje que puede hacerse a la Carta al cumplirse 20 años de la victoria de la 7ª papeleta, es no seguir irrespetándola; ni a ella ni a la Corte que ha sido su guardiana de cabecera. La Facultad de Jurisprudencia del Rosario –cuna de la papeleta-, la Fundación 7ª  Papeleta y Semana convocan a un Foro el próximo 10 de marzo que pondrá la Constitución del 91 en el corazón del debate electoral, tan pobre hasta el momento. Para esa fecha, la Corte habrá sentenciado y será hora de que los candidatos presidenciales y los expresidentes definan posiciones frente al futuro del equilibrio de poderes en la Carta, su rol como factor de cambio social y su compromiso con los valores que la inspiraron.

Hay que hacer propias las palabras recientes de uno de los padres de la Constitución española de 1978, Gregorio Peces Barba, sobre la decisión del Estatuto de Cataluña: “déjese trabajar al Tribunal y respétese  su decisión”. Ese debía ser un propósito común en esta semana crucial: un acuerdo para no presionar más a la Corte. No más interferencias, ni reportajes ilustrados sobre cómo debe decidir; no más cálculos irresponsables, ni conjeturas amenazantes. Hay que dejar trabajar a la Corte y acatar su sentencia. Después vendrá el gran debate político, académico y técnico sobre cómo seguir adelante con la revolución de derechos que inició un papelito en 1990.