La cifra del 14,6 por ciento es la más alta de las grandes economías latinoamericanas y es superior al promedio de la región, pero el Gobierno tiende a minimizar el problema y el Presidente, tan refractario a la crítica, se molesta cuando le cuestionan su política de empleo. No obstante, los colombianos ya le están pasando cuenta de cobro. Según la más reciente encuesta Gallup, el 50 por ciento de los entrevistados desaprueba el manejo que Uribe le ha dado a la economía y el 71 por ciento considera que el desempleo —no la seguridad— es su mayor preocupación.

Sin embargo, para ser justos, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de los dos gobiernos de la seguridad democrática —en 2002 la tasa de desempleo era del 15 por ciento— y que la crisis económica ha tenido su parte. Pero aun así, lo cierto es que el modelo uribista, un peculiar menú de degustación que mezcla estímulos, subsidios, exenciones tributarias, reducción de costos laborales y pactos de estabilidad jurídica para estimular la inversión, con migajas monetarias para ayudar a más pobres, no ha sido propiamente exitoso en materia de creación de empleo. Ni siquiera en las épocas de vacas gordas, cuando las tasas de crecimiento estuvieron por encima del 5 por ciento, las más altas de las últimas cuatro décadas.

Pero no sólo no han mejorado los niveles de empleo, sino que han empeorado los de informalidad: el 58 por ciento de la fuerza laboral es informal. Y para completar el cuadro clínico, las arcas del Estado están raspadas. Gracias a la generosa mano del Gobierno, entre 2004 y 2008 las prebendas y exenciones de impuestos a las empresas le costaron al Estado más de 10 billones de pesos, según la DIAN. En plata blanca, el menú ha dejado sólo a muy contados con la barriga llena y el corazón contento, a los más con hambre y al dueño del restaurante “restiado”.

Y habría que agregar que la precariedad del mercado laboral está detrás de la crisis del sistema de salud. La Ley 100 suponía que cuando se lograra la cobertura universal —estamos llegando—, el 70 por ciento de las personas estaría en el régimen contributivo y el 30 por ciento en el subsidiado. Pero como “sisbenizar” —afiliar y afiliar— daba réditos políticos, el ministro Palacio, fiel peón de brega, no hizo lo que tocaba y el sistema hizo agua. De ahí la polémica emergencia social.

Son las consecuencias de la politiquería y del clientelismo, y de un modelo económico que por intentar favorecer a todos —a los ricos para atraer inversión y a los pobres para atraer voticos—, en lugar de generar una dinámica de generación de empleo, produjo resultados contrarios. Tremendo chicharrón le deja el presidente Uribe a su heredero. El embrujo empieza a perder su anestésico efecto.