La reciente decisión de la Corte Constitucional apuntó más a las denominadas “muletas morales” del sistema democrático, que por ser liberales no le permiten caer en la tentación suicida del solo dominio de la mayoría. Eso que Tocqueville denominaba la “enfermedad republicana” y que hoy en buen romance significa populismo. Son pues frenos y contrapesos, y no simples pesos y contrapesos como la ignorancia repitió a lo largo de los últimos meses.

Al incorporar la equidad como objetivo constitucional, la Carta del 91 le puso la tercera dimensión institucional a un Estado de Derecho cuyo principal apellido es lo social. Allí es donde la existencia de ese Estado de Derecho —como lo afirma el propio Fukuyama— supera la identificación que hacen algunos economistas con una simple defensa del derecho de propiedad y los contratos como base del crecimiento económico. Y allí es donde la garantía de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos pasa a desempeñar un rol prioritario para una región como América Latina, donde la desigualdad es falla geológica del sistema político y su mayor asignatura pendiente.

Igualdad, equidad, inclusión, cohesión, no discriminación, son todos principios ahora relevantes para el hombre de la calle por cuenta de la Constitución y del celoso esfuerzo de su guardián de cabecera: la Corte Constitucional. El activismo judicial que muchos le enrostran a ella debería ser más un motivo de reflexión para identificar por qué han sido inferiores los roles que han desempeñado el Ejecutivo y el Legislativo en la construcción de una política social cuya brújula —en los temas más complejos de nuestra realidad— ha tenido que pasar por una decisión de la Corte. Máxime ahora que debería discutirse una nueva generación de políticas sociales.

Para no hablar de algunos despistados que desde el otro extremo intentaron ponerle el rótulo de neoliberal a la Carta. Algo que admite poco debate, porque si la libertad tiene que transitar por el sendero de la igualdad, ello es una conquista no propiamente de los seguidores de Friedman o del neoconservatismo que arropa esa doctrina. Porque tampoco es por el camino de la reincidencia autoritaria y el populismo económico que se obtienen conquistas sociales tan endebles como el Muro de Berlín caído hace veinte años.

La fórmula de una jurisdicción constitucional más los objetivos sociales de la Constitución es lo que perturba a algunos. Por ello, el gran desafío para los representantes de la generación de la 7ª papeleta que hoy se reúnen en la U. del Rosario para debatir el futuro de la Carta, es continuar defendiendo la vocación y el protagonismo que en lo social ha caracterizado este fin de la adolescencia de nuestra Constitución. Vendrán otras batallas, pero el propósito esencial de hacer cumplir esos cometidos sociales dentro del Estado de Derecho deberá ser el compromiso principal de una generación que pasa ya al tablero para demostrar que en 1990 inició una revolución de derechos sin tiquete de regreso. Una revolución generacional que le rapó la bandera del cambio social a los violentos.