Por: Arlene B. Tickner

El riesgo viene de adentro

En aparente alusión al gobierno de Venezuela, que ha dicho que la normalización de sus relaciones con nuestro país no se logrará sino en la era “posuribista”, Álvaro Uribe exclamó que “no podemos permitir que nos vayan a imponer desde afuera un presidente de Colombia”.

¿Declaración cándida o estrategia astuta para provocar la ira de Chávez, un señalamiento negativo a Juan Manuel Santos y un dispare mágico de éste en las encuestas? En realidad el problema no es ese, sino que mientras nos distraigan los peligros que supuestamente amenazan la seguridad democrática desde afuera, la verdadera amenaza para las elecciones colombianas —analizada recientemente por la MOE (en la que participan expertos colombianos de reconocido rigor académico con un fuerte apoyo internacional) y por una misión extranjera con representación de varios países— sigue intacta. Y viene de adentro.

Según la MOE, aunque menos municipios corren riesgo hoy por variables asociadas a la violencia en comparación con las elecciones locales de 2007, 38% del territorio nacional todavía se ve afectado por éstas, siendo la principal la presencia de las Farc y las denominadas Bacrim. En los departamentos de Arauca, Guaviare, Caquetá, Cauca, Putumayo, Quindío, Córdoba y La Guajira, el porcentaje de municipios en donde el voto puede verse comprometido por actos violentos asciende a cifras alarmantes de entre 60 y 100%. Adicionalmente, factores electorales arraigados en el clientelismo —entre ellos la compra de votos y las votaciones atípicas— ponen en riesgo a otros tantos, entre 27 y 36% para las elecciones a Senado y Cámara, respectivamente.

La misión internacional de observación preelectoral, que estuvo en Colombia durante el mes de febrero, identifica además varios obstáculos generales a unas elecciones libres en el país, siendo los más preocupantes la violencia y discriminación ejercidas contra los sectores más vulnerables (juventudes, afrocolombianos, indígenas, desplazados, pobres, comunidad LGBT), un miedo generalizado a ejercer o votar por la oposición o, en el caso del periodismo independiente, de denunciar crímenes electorales, y la participación abierta de funcionarios públicos en actividades de campaña. Sumado a lo anterior, el hecho de que 26 congresistas judicializados por parapolítica buscan reelegirse, junto con varias decenas de otros candidatos que se harán elegir con el aval de jefes parapolíticos, augura mal para la renovación política colombiana.

¿Será que en Colombia el uso de la violencia y la coerción, así como la ilegalidad han llegado a naturalizarse a tal punto que nadie aquí ni en el resto del mundo se sorprende que las elecciones legislativas de este domingo enfrentan serios obstáculos en más de un tercio del país? ¿Ni con la brecha que hay entre esta realidad y un discurso oficial que dice haber resuelto los problemas de inseguridad, debilidad estatal y democracia en Colombia? El verdadero riesgo electoral no está afuera en las alianzas internacionales de las Farc, la agresividad de Chávez, ni las condiciones impuestas por Obama para desentrañar la discusión del TLC, sino aquí en nuestro seno. Y sobre todo en la presencia de dos actores que se suponían derrotados —la guerrilla y los “neoparamilitares”— y en la parapolítica, que da indicios de reencarnación. ¿Será esta seguridad democrática?

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