De un país cuyo presidente fue uno de los promotores de la creación de la Organización de los Estados Americanos y la protección de los derechos humanos, hemos pasado a uno condenado reiteradamente por violación de los mismos y del derecho internacional. Hoy no hay tratado de libre comercio con Estados Unidos porque en Colombia tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. La protesta social se criminaliza, mientras los escuadrones de la muerte siguen operando en campos y ciudades. Las Fuerzas Armadas, aunque dicen hacer esfuerzos para depurarse, éstos no son suficientes para expurgar de las filas a los amantes de guerra sucia y de la Realpolitik estilo Kissinger.

Una visión provinciana y jurídicamente descreída no entiende que el derecho, al igual que la economía, se globalizó. No comprende que el mundo se ha sensibilizado frente a la barbarie y condena las soluciones de facto, particularmente en el manejo del orden público. Desde hace una década contamos con un Código Penal Mundial y una Corte Penal Internacional para la condena de los más graves delitos contra la humanidad. La política y la economía dependen cada vez más del respeto a los derechos humanos. La ignorancia de estas realidades abarca fundamentalmente a la dirigencia política y a una buena parte del empresariado. Además de la miopía moral de muchos de éstos, ninguno contabiliza en sus costos las extensas y cada vez más frecuentes condenas dinerarias contra Colombia por violaciones a los derechos humanos, como tampoco el costo de oportunidad de una política que se raja en los estándares del derecho global.

Los elementos fundamentales del derecho —seguridad jurídica, justicia y eficacia— se hacen cada día más perceptibles gracias al fenómeno de su mundialización. En Colombia todos tres son desafiados por la arbitrariedad gubernamental. ¿Qué decir de la seguridad jurídica de un país que no se atiene a los tratados internacionales, garantía de la paz entre los Estados? ¿O de un gobierno que cambia una y otra vez la Constitución, con subterfugios incluidos, para perpetuar al Primer Mandatario en el poder? Y de la justicia, ni hablar. Ésta no sólo no funciona administrativamente, sino que es atacada por el Presidente y por columnistas proclives al poder con el fin de doblegar a quienes no se pliegan al comportamiento oportunista y pragmático del gobierno de turno. Respecto de la justicia, el tren no sólo puede dejarnos, sino atropellarnos. Ya existen antecedentes en otros países de funcionarios que, luego de la caída de un régimen depredador de los derechos humanos, fueron condenados por decisiones públicas extremadamente injustas. Pero quizá sea la eficacia la característica del derecho que pueda hacer entrar en razón a la mayoría. El trabajo y el esfuerzo conjuntos de la sociedad para crear bienestar se ponen en riesgo con la desconexión entre la economía y los derechos. No es necesario apuntar siquiera a la especulación financiera con recursos de los ahorradores. El asistencialismo del programa de Familias en Acción es un ejemplo cercano de cómo hacer populismo sin beneficio real y con retroceso de los derechos sociales. Si nos deja el tren del progreso, será porque hemos tenido mandatarios y dirigentes mal formados, que no comprenden las nuevas realidades mundiales y que creen que mediante golpes de opinión, reparto de dineros a la población y clientelismo pueden dirigir a ciegas y al margen del mundo los destinos del país.