Y no es la única mala noticia. Sí la más impactante y la más condenable: hay quienes disponen matar a un ser humano para impedirle decir lo que sabe. No quieren que la gente sepa lo que hacen.
 
Pero con ese propósito de acallar, no solo están los que matan. Son muchos más los que a través de otros mecanismos procuran  encorsetar la actividad de los periodistas, recortar  el derecho del público a informarse y manipular la información que reciben los ciudadanos. En esa tarea, incluso, son más efectivos que los asesinos: consiguen  distorsionar la información, limitarle las noticias a la gente y  crearles confusión y además cuentan con el privilegio de no ser ubicados en la casilla de los delincuentes, como ocurre  con aquellos otros.

En sus conclusiones  la SIP incluye entre las grandes amenazas contra la libertad de prensa, “el recrudecimiento de la relaciones entre gobierno y prensa, caracterizado por constantes y sistemáticas agresiones verbales provenientes de altas autoridades, con el objeto de desprestigiar la labor periodística”  y que además se concretan en el uso inapropiado de fondos públicos por parte de los gobiernos para presionar y discriminar a los medios de comunicación.

La publicidad oficial, aunque no es el único instrumento que utilizan, es de los más efectivos; y no solo por lo que condiciona a aquellos sensible a la presión o al dulzor de las monedas y por la efectiva erosión – forma de clausura o asesinato a más largo plazo-  que consigue en los medios y periodistas que no están dispuesto a renunciar a su independencia y patear para el costado la ética profesional, sino porque es un método disimulado. Es una práctica tan letal e ilegitima como el asesinato, pero no siempre es fácil de ver: para los ciudadanos no tiene ese impacto ni esa “elocuencia”  pero, sin embargo, para su derecho a informarse es aún más grave. Lo ven los dirigentes políticos, pero cuando están en la oposición; cuando llegan al gobierno, en su mayoría, se olvidan y contraen el hábito.

Pero a este tipo de ataques a la libertad de prensa y a la vez conducta corrupta, como bien lo señala la SIP en una de sus resoluciones, se han sumado otras armas, aun más efectivos: la persecución fiscal y la acción de jueces y fiscales temerosos y sometidos al poder.
 
Son varios los gobernantes que largan sus” perros” a inspeccionar las cuentas de los opositores y de los independientes, con la orden de encontrar algo: lo haya o no. Pero peor es aun la tarea de jueces y fiscales  que olvidan los más sagrados principios de su función y se ponen al servicio del mandamás de turno, renunciando a ser garantía – maravillosa responsabilidad- de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La realidad empeora y el discurso va por otro lado, lo que conforma una situación doblemente mala. Basta un ejemplo: El presidente del gobierno español, Jose Luis Rodriguez Zapatero, dijo en su discurso ante la asamblea de la SIP que es “inaceptable” que en la actualidad hayan  140  periodistas presos en distintas cárceles del mundo.  De estos, 26 lo están  desde hace cinco años en las cárceles cubanas. Y esto no solo lo dice la SIP, lo afirman el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y el Comité Mundial de Libertad de Prensa, entre otras organizaciones. El régimen castrista no admite los disidentes. Parecería que tampoco los admiten, a los disidentes cubanos, los países de la Comunidad Europea. Por lo menos en las fiestas que dan en sus embajadas en La Habana. Ese fue un logro de Zapatero. Según la prensa española este 12 de octubre – en cumplimiento con esa conquista- los disidentes cubanos aun libres no estaban en la lista de invitados a la Embajada de España, para los festejos  del “Día de la Raza”.