El problema de legitimidad en la actuación militar golpea a la opinión pública tanto como a los propios cuerpos armados que anulan sus resultados operativos con la falta de consistencia en el respeto por los Derechos Humanos, una teoría poco acatada.

Ciertos signos pueden señalar un propósito de claridad. El haber reconocido el Ministerio de Defensa la responsabilidad en los falsos positivos; el descabezar el propio presidente Uribe a 27 militares implicados; la caída por su propio peso del comandante del Ejército Mario Montoya con la política de recompensas. Pero a pesar de esto y de la disposición de recibir denuncias de los ciudadanos en cada guarnición militar, más el mandato presidencial de dar información pública en la televisión sobre las investigaciones que involucran a militares, nada asegura una recuperación de la legitimidad en la actuación de estos cuerpos armados. Dos concepciones de guerra, una regular y otra irregular, parecen disputarse, según predominen los resultados o los métodos.

Dudas adicionales. El nuevo comandante del Ejército, Óscar González, tiene la sombra de 355 falsos positivos en la Cuarta Brigada de Antioquia cuando era su jefe, tal será su autoridad para imponer una alineación de conducta. Capturan a Jerónimo, un paramilitar desmovilizado en compañía de un suboficial activo, como muestra de una relación activa con esos brazos armados ocultos.

Los militares interesados en restablecer su credibilidad pueden agradecer que a partir de los 11 muchachos de Soacha, esclarecidos por un Registro Único de Desaparecidos, las denuncias se multiplican por cientos. Y que haya organismos internacionales que acompañen la investigación de desapariciones y ejecuciones. Que los mismos Estados Unidos sancionen a las unidades militares que tienen actuaciones irregulares. Que el Presidente, comandante en jefe, acompañe sus gestos de advertencia con el apoyo a las instancias internacionales que vigilan lo que pasa aquí como una urgencia humanitaria.

Los desaparecidos en Soacha destaparon el hueco ético de la política de recompensas que permitió que las bajas tuvieran un precio para los militares. Se suma esta sombra a la desconfianza histórica de los civiles al constatar que la justicia penal militar no ha podido sancionar a los responsables de conductas irregulares; que lo ocurrido en el Palacio de Justicia no ha sido castigado; que muchos años de estado de sitio produjo una pedagogía de la incorrección militar; que los lazos que emparentan a los militares con los paramilitares no han sido esclarecidos por la institución misma; que la seguridad democrática tiene el lastre de los falsos positivos. Que Colombia, que no ha tenido dictaduras militares, en cambio ha alentado por más de medio siglo un conflicto interno. Que la Fuerza Pública no tiene poder ni legitimidad mientras sus actuaciones estén camufladas y se parezcan a la manera como proceden los armados irregulares. La legitimidad está pendiente.