La mayoría de los estudios se limita a señalar las obras que hay que hacer. Son prolijos en mapas, presupuestos y proyecciones. Pero no dicen cómo hacer estas obras.

El problema no son los recursos. En los años, pasados diversas entidades (fondos de pensiones, inversionistas nacionales y extranjeros) estuvieron dispuestas a realizar millonarias inversiones en Colombia. Como no hubo proyectos financiables, fue muy poco lo que se hizo.

La verdadera causa del atraso de la infraestructura son las instituciones de este sector. Sin una profunda reforma en esta materia, Colombia no podrá contar con las obras que exige su desarrollo.

El documento que acaba de publicar la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pone al desnudo fallas de planeación. Revela una serie de defectos del Ministerio de Transporte y sus entidades ejecutoras, el Invías y el Inco. Propone una reforma profunda en la Aerocivil y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Recomienda crear una comisión reguladora para este sector. Nada se salva de su escrutinio.

El país no cuenta con una ley que establezca las prioridades en materia de las grandes obras nacionales. Para evitar las discusiones con las bancadas regionales, el plan de desarrollo se limita a incluir grandes partidas globales. No existe, entonces, un compromiso político para la realización de los principales proyectos de infraestructura. Se sigue dando la gran dispersión de recursos en infinitas vías regionales, tal como lo señaló hace más de cincuenta años el profesor Currie.

Existe una gran debilidad e inestabilidad administrativa en el Invías y el Inco. Estas entidades distan de tener el personal de altísimo nivel técnico y profesional necesario para desarrollar complejos proyectos. Han tenido, además, una gran rotación de sus directores, varios de ellos, además, vinculados a investigaciones y escándalos.

Cuando los gobiernos reconozcan la importancia que tiene la infraestructura, deberán escoger a los mejores profesionales del país para dirigir esas entidades. No se les podrá ocurrir que los puestos y contratos del Invías y del Inco pueden hacer parte del mezquino reparto de cuotas partidistas y regionales, en aras de lograr metas de la llamada gobernabilidad y aceitar el manejo de las bancadas. La politización de estas entidades ha sido demasiado costosa para el futuro del país.

Un problema asociado que destaca la CCI es el vacío que existe en materia de política contractual, un defecto que se traduce en malos proyectos, demoras en las construcciones, costosos litigios y realización de obras de baja calidad.

El documento de la CCI puede ser la base para preparar una reforma integral de las instituciones del sector de infraestructura. En su discusión, que puede adelantarse a lo largo del año entrante, deberían participar sectores de la ingeniería, las finanzas, los centros académicos y los partidos políticos. Una buena oportunidad para aprobarla podría ser al comienzo del nuevo gobierno en 2010, cuando las ideas y los propósitos de cambio y renovación podrían tener otra oportunidad en el país.