Si esto no llega a ocurrir, resulta que la culpa no es de Zutano y Mengano, sino del Estado o de la sociedad, que no les brindó a Zutano y Mengano las oportunidades pecuniarias que aspiraban y se merecían.

Cualquier persona con medio dedo de frente entiende que la plata no crece en los árboles, ni se reproduce por arte de birlibirloque. De cuando en cuando, aparecen recuas de pícaros que ofrecen duplicarles y triplicarles el dinero a los crédulos en pocos meses y cuando la codicia se interpone sobre el sentido común, el incauto cae en las redes del timador. Entonces que vengan algunos a defender a los codiciosos con la peregrina excusa de que estos avariciosos eran almas benditas cuyo único objetivo era educar a sus críos y que de todas maneras es culpa del Estado, es un despropósito absoluto.

Dicho lo anterior, el Estado sí tiene algo de culpa en la proliferación de las pirámides. Como lo señala Mauricio Vargas en reciente artículo (El Tiempo, nov. 17/08), el ex director de la DIAN y actual encargado de la prevención y control de lavado de activos, Mario Aranguren, desde finales de 2006 les advirtió a las autoridades que firmas como DMG captaban recursos de origen oscuro. Con la peregrina excusa que estas firmas eran comercializadoras y por ende fuera de su control, la Superintendencia Financiera no actuó con la debida diligencia y el enano se volvió un gigante en minutos.

En el segundo aspecto en que algo de culpa recae sobre el Estado es en propiciar un sistema financiero cerrado, exclusivo, costoso, ineficiente y fuera del alcance de la inmensa mayoría de los colombianos. El marco regulatorio en este país es perverso: en vez de propiciar competencia, lo que hace es desincentivarla. El Estado es plenamente consciente de  que el sistema financiero no cumple con su principal objetivo, que es el irrigar en la economía los recursos que capta del público. La mayoría de los activos de los bancos están colocados en papeles del Estado, con cero riesgo y poco esfuerzo.

Es buena hora de que las autoridades se despierten y hagan una verdadera reforma estructural que permita mucho más competencia en el sector, incluyendo el funcionamiento de nuevos bancos virtuales.

Finalmente, uno de los grandes interrogantes sobre las pirámides es qué tan sólidos son sus cimientos jurídicos. Abogados, jurisconsultos y asesores con la transparencia, bagaje y reputación de Guillermo Fino y Jaime Bernal Cuéllar, son o han sido los consejeros de una o varias de estas pirámides. Estos legados —sin duda por unos honorarios modestos— directa o indirectamente aportaron sus luces en un intento de justificarlas jurídicamente para impedir que el Estado las desmantelara.

Uno no puede menos que esperar que a la postre no seamos los contribuyentes los que tengamos que cargar con los platos rotos y recompensar a las recuas de ambiciosos con dineros que supuestamente don Murcia no pudo reconocerles por culpa de la intervención del Gobierno. No hay que olvidarse que el ejército de 200.000 codiciosos que DMG amenazó sacar a las calles, son 200.000 sujetos que sabían que las posibilidades de que sus dineros fueran devueltos dependían exclusivamente de que hubiera más ambiciosos que cayeran en las redes de los embaucadores.