Yesid Reyes Alvarado 4 Dic 2008 - 9:20 pm

Tutela contra sentencias

Yesid Reyes Alvarado

SEGÚN INFORMA LA PRENSA, LOS presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional avanzan en la búsqueda de una solución conjunta a un tema que de manera constante las enfrenta: la posibilidad de revisar por vía de tutela las sentencias judiciales.

Por: Yesid Reyes Alvarado
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Al parecer, el primer punto de acuerdo consistiría en establecer que la tutela sólo procedería por violación a derechos fundamentales que por su naturaleza afectan el debido proceso; no sería entonces admisible la discusión sobre aspectos de valoración probatoria o de simple interpretación de legislaciones como la civil, penal o laboral. Lo curioso es que si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, eso es precisamente lo que ha venido diciendo de tiempo atrás y lo que demuestra que no hay razones para hablar de un choque de trenes.

Las distintas salas de la Corte Suprema son la máxima autoridad judicial en sus respectivas áreas, y nadie hay por encima de ellas; esa es la razón por la que a través de una tutela no se pueden discutir temas propios de esas especialidades. Pero además de las jurisdicciones civil, laboral y penal existe otra que es la constitucional, con competencias propias, aun cuando sea ejercida por los mismos funcionarios que se ocupan de otros asuntos; de ella forman parte los jueces, los magistrados de tribunal y los magistrados de la Corte Suprema; y por encima de todos ellos, como máxima autoridad en esa materia, está la Corte Constitucional. Siendo dos jurisdicciones paralelas, con sus propias atribuciones, no hay posibilidad de enfrentamiento mientras cada una de las cortes se limite a ocuparse de los temas que le corresponden, admitiendo que en temas procesales no hay nadie por encima de la Corte Suprema y que en materia de derechos fundamentales el órgano supremo es la Corte Constitucional.

Otro aspecto sobre el que habría un principio de acuerdo, tiene que ver con la imposibilidad de iniciar tutelas por irregularidades que no hayan sido alegadas dentro del proceso respectivo, y con la fijación de un límite para la interposición de las mismas. La idea no es buena, porque si un juez viola un derecho fundamental, el ciudadano afectado con la indebida conducta del funcionario tiene derecho a que esa irregularidad se corrija, con independencia de si su abogado se percató de ella o no; si alguien es condenado con base en pruebas practicadas ilegalmente, no es justo que deba cumplir la pena por el solo hecho de que su defensor olvidó alegar esa circunstancia dentro del proceso. Por similares razones, el simple paso del tiempo no puede legitimar la violación de un derecho fundamental, cuyo titular merece una reparación en cualquier momento que esa vulneración se detecte.

Contrariamente a lo que se suele afirmar, la tutela no genera inseguridad jurídica; por el contrario, un examen del juez constitucional sobre el respeto que se ha dado al debido proceso a lo largo de un juicio y al momento de dictar sentencia, permite que tanto los involucrados en el debate judicial como la sociedad en general tengan la certeza de que las decisiones tomadas por los jueces no sólo se ciñeron estrictamente a los procedimientos propios de su jurisdicción, sino que además se emitieron respetando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esa es la máxima expresión de la seguridad jurídica.

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